RESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a

Artículo 1.: No adherir al decreto 908, llamado Cobertura Universal de Salud (CUS) por:

1) Sentar las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. En consecuencia, el Estado se correrá de su responsabilidad en el financiamiento del Sistema de Salud.

2) Ser una política que tiende a la privatización del sistema de salud y que favorece a las clínicas privadas.

3) Establecer una diferenciación entre quienes tienen cobertura de salud y quienes la carecen. Estos últimos, obtendrán un “credencial inteligente” que resulta estigmatizante. Esto habilitará las llamadas “canastas de servicios”, las cuáles varían se acuerdo a la capacidad de pago. Con esta credencial, las prestaciones de los hospitales públicos y alguna clínica privada que podría utilizarse, serán limitadas. Es decir, la posibilidad de acceso al derecho a la salud no será en base la situación de salud de cada uno, sino que se establecerá según el cupo de estas canastas de servicios.

4) Profundizar y consolidar la fragmentación e irracionalidad del sistema de Salud y generar mayor desigualdad e inequidad al establecer el “carnet de pobre” y las “canastas de servicios” de acuerdo a la capacidad de pago.

Artículo 2: Comuníquese.

FUNDAMENTOS

Es de público conocimiento que el sistema de salud público padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes y legítimos reclamos de la población y los trabajadores del sector. Desde la transferencia de los hospitales y principales efectores de salud de nuestro país a las provincias en la década del 90 se pasó de una inversión anual como gasto consolidado nacional de 4,95% del PBI a 2,65% en 2014 según  datos del Banco Mundial. Solo en el último año, el presupuesto nacional para salud fue la tercera parte de lo que se dedicó a pago de intereses de la deuda externa. El proceso ha sido de creciente desentendimiento del estado nacional del financiamiento de la salud con el consecuente deterioro de las condiciones sanitarias de nuestra población. Pero mientras el hospital público está cada vez más desmantelado para atender a millones, crece el negocio de la  medicina privada (prepagas y obras sociales, por la cuales hay que pagar).

El Decreto 908/2016 de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, bajo el título de “Cobertura universal de salud” (CUS), ha sido presentado como un ambicioso proyecto cuyo objeto sería hacer llegar los beneficios de la salud a toda la población resolviendo las carencias actuales del sistema sanitario. Una lectura atenta de sus considerandos y articulado,  permite ver objetivos más modestos: por un lado, la devolución de fondos de las obras sociales que arbitrariamente retenía el gobierno nacional, hecho que en estas circunstancias es prenda de negociación de la reforma laboral. Y por otro lado, la asignación de parte de esos fondos, unos $8.000 millones de pesos, “por única vez” destinada “a la financiación de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud”. El Decreto establece que esta importante suma quedará bajo el control compartido del gobierno nacional y los dirigentes sindicales de la CGT. A tal efecto se creará un Fideicomiso de Administración cuya Unidad Ejecutora estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos de la Superintendencia de Salud y dos de la CGT.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri en una carta abierta publicada por el diario El Tribuno de Salta (7/8/2016) dijo con claridad a qué actividad se dedicará esta multimillonaria suma. Anunció el Presidente que se van a “destinar $8000 millones a los hospitales y vamos a mejorar el sistema para que puedan cobrarles a las obras sociales de una manera rápida y fácil”.

En este mismo sentido, el ministro de Salud de la Nación, Dr. Jorge Lemus en declaraciones recogidas por el diario La Nación de Buenos Aires el 4/8/16, afirmó que para que el sistema de Cobertura Universal de Salud tenga éxito “es absolutamente necesario” complementarlo con dos herramientas de las que el Estado carece. La primera es que el sistema de atención pública sea capaz de facturar sus prestaciones. Con el carnet de la obra social, en el caso de los que tienen cobertura y la credencial inteligente que se propicia para los carentes de cobertura. La segunda herramienta, será un organismo designado por el Poder Ejecutivo que defina los tratamientos y procedimientos médicos para determinar su utilidad y la relación entre el costo y la efectividad y si ingresan o no a la CUS. De cumplirse lo preconizado por el Ministro Lemus, el Decreto 908/2016 consolidaría la desigualdad en el goce del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente –con el estigmatizante “carnet de pobre”- y habilitaría el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios.

En el Anexo I del presente Decreto se enumeran las múltiples acciones que eventualmente se realizarán con esta suma. El primer lugar lo ocupa la “Identificación, nominalización y documentación de beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud”. La lista es muy ambiciosa: se habla desde “Mejoramiento de los condicionantes sociales de salud” hasta “Acciones de Atención Primaria en Salud” pasando por “Fortalecimiento y modernización del sector público de salud” y tantos otros ítems que uno se pregunta: ¿cómo podrán resolverlos con tan magra suma?

Este decreto revela todo su sentido cuando se lo considera en conjunto con la Ley 17.102/66 llamada Ley SAMIC. Promulgada por el Dictador Onganía en 1966, esta ley sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Esa ley, que ningún gobierno constitucional derogó, habilita, en combinación con el Decreto 908, la privatización del sistema público de salud.

Quienes impulsan esta política privatista esconden al pueblo que en aquellos países en que logró aplicarse, como Chile o Colombia, llevó a un deterioro nunca visto del sistema de salud. Pero sobre todo eluden mencionar el ejemplo paradigmático de esta política: los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta, donde esta política se generó, planificó y aplicó, se cuentan por decenas de millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud.

Desde el Frente de izquierda creemos que la salida para superar la crisis actual en el sistema de salud sólo podrá solucionarse por medio de la creación de un Sistema Nacional Único de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que reúna la totalidad de los establecimientos sanitarios estatales, incluyendo los provinciales y municipales, los cuales pasarán a la órbita del estado nacional. Esta medida deberá incluir las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos. Lo mismo será para todo el personal que presta servicios en estas dependencias que pasarán a ser empleados de planta permanente del Estado Nacional. Esta propuesta permitirá preservar el derecho del pueblo a tener una atención sanitaria universal, gratuita y de excelencia para todos mediante un sistema nacional de salud igual para todos, con consultas tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector.

Por todo lo expuesto, este proyecto de resolución insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a no adherir al Decreto 908 del Poder Ejecutivo Nacional ya que se aleja de una solución integral de los problemas de nuestro sistema de salud.  En realidad, profundiza y consolida su fragmentación e irracionalidad y genera mayor desigualdad e inequidad al establecer el “carnet de pobre” y las “canastas de servicios” de acuerdo a la capacidad de pago. Es deber del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazar la llamada Cobertura Universal de Salud que propicia el Poder Ejecutivo Nacional.

Por los motivos expuestos, se pide la aprobación de este proyecto de resolución.