Millones vieron bien los primeros anuncios de 5.000 a los jubilados, la tarjeta alimentaria, la rebaja del 8% en los medicamentos o la suba de las retenciones al campo. Pero a medida que se fue conociendo el articulado de la ley y sus verdaderos alcances, en muchos generó incertidumbre, e incluso entre propios votantes de Fernández se escuchó decir “para esto no lo voté”. Otros dijeron, ante la miseria actual, “agarremos algo ahora y después vemos”. 

 

¿Qué es lo que encubre la ley? Desde Izquierda Socialista advertimos que no se trata de una ley “solidaria” donde la crisis se la hacen pagar a los que más tienen para beneficiar al pueblo trabajador. Sino que detrás de anuncios rimbombantes y de un doble discurso se ataca a los jubilados y a los trabajadores y se exime de impuestos a multinacionales y bancos. Por eso la ley recibió el apoyo de grandes empresarios y tuvo un guiño del FMI.

 

Detrás de algunos paliativos, la ley ataca a los jubilados y a los trabajadores. Esta es la pura realidad. También salva las ganancias de las petroleras y mineras (a quienes le bajan las retenciones), beneficia a bancos y especuladores (sacándoles el impuesto a la renta financiera), ratifica el robo de las privatizadas (manteniendo los tarifazos de Macri) y beneficia a los usureros internacionales y al FMI, a quienes se les sigue pagando una deuda usurera y fraudulenta. 

 

El propio Fernández tuvo que salir a aclarar que no se van a “congelar” las jubilaciones. Pero después de los 5.000 pesos por única vez para diciembre y enero a los que cobran la mínima, se va a suspender la ley de movilidad para evitar pagarles el 28% de aumento que les correspondía en los próximos meses. El gobierno dice que les dará otros aumentos en marzo, pero claramente serán menores a la tremenda suba de precios, cuando los jubilados vienen perdiendo el 20% de sus ingresos. Así nunca van a recuperar lo perdido con el 55% de inflación de 2019 y el 40% proyectado para 2020. Y los que ganan más de 19.068 pesos ahora no percibirán nada… ¡porque el gobierno los considera “privilegiados”!, mientras la canasta para un adulto mayor ya llegó a los $38.000. O sea, no se les saca a los que vinieron ganando fortunas con Macri para darle a los que ganan la mínima, se les saca a los propios jubilados que aportaron durante décadas. 

Solo por el escándalo público que se le armó a Fernández es que tuvo que retroceder con la quita de los regímenes especiales (los que aportan más al sistema jubilatorio) de docentes nacionales, universitarios, científicos e investigadores, aunque se mantiene para trabajadores de otros gremios. Esto no representa ningún fin “solidario”. También siguen vigentes los privilegios jubilatorios para los ex presidentes y vice, la justicia, diplomáticos, la Iglesia Católica y altos cargos ejecutivos, además de que los jueces están eximidos del impuesto a las ganancias mientras lo pagan millones de trabajadores.

 

En 2017 hubo una rebelión contra el robo jubilatorio votado por Macri con el apoyo del PJ recortándoles 100.000 millones de pesos. Ahora el gobierno acentúa ese camino. A tal punto que un diputado de Macri dijo: “Están haciendo con los jubilados lo que siempre quisimos hacer nosotros”. Son las políticas que exige el FMI y contra  las cuales los trabajadores en Francia están en huelga general.

Con esto y el resto de las medidas, el gobierno está aplicando un ajuste que le permitirá un “ahorro” de entre 6.000 a 9.000 millones de dólares, del cual el "aporte" de los jubilados será el más relevante, u$s2.800 millones de dólares, la tercera parte, algo que ocultan Fernández y el gobierno (iProfesional.com, Claudio Zlotnik, 20/12/2019). 

 

Lo mismo quiere hacer el gobierno con los salarios. Va a dar una suma fija a cuenta de futuros aumentos y las próximas subas serán por decreto, menores a la inflación, en un virtual “congelamiento” de las paritarias. Esto implica que si las jubilaciones y salarios van por detrás de la inflación, no solo va a seguir la pobreza sino que junto a la devaluación, los salarios y jubilaciones quedaron baratos medidos en dólares, en un claro beneficio para las patronales y el gobierno, que guarda el billete verde para pagar a los usureros internacionales.  

 

Que el ajuste tiene por objetivo pagar la deuda no es una ocurrencia de la izquierda. El artículo 61 de la ley habilita a emitir una letra en dólares por 4.571 millones de dólares para ser destinado a tal fin, y los artículos 2 y 3 habilitan a renegociarla, avalando el pacto con el FMI. 

Al mismo tiempo, si bien la ley congela las tarifas por seis meses, se avalan los tarifazos de Macri y se mantiene el saqueo de nuestros servicios esenciales a manos de las privatizadas. En el tema impuestos, mientras se va a perjudicar a millones de familias reponiendo el IVA a los 13 productos de la canasta familiar que habían sido exceptuados, se perdonarán impuestos a las patronales, se deja a un mínimo el “impuesto a la riqueza” (muchísimo más bajo que en otros países), se otorgará una enorme moratoria a 12 años para medianas y pequeñas empresas y el 30% de impuesto al dólar seguro se va a trasladar a los precios. A esto hay que agregar que el gobierno implementó un decreto que no prohíbe los despidos y suspensiones, sino que fija una doble indemnización, permitiendo que siga la desocupación.

 

En definitiva, si se reducen jubilaciones y salarios, se paga una deuda que el pueblo no contrajo, se mantienen las privatizaciones y nada se dice de frenar la fuga de capitales, no habrá solución a los males sociales. 

Es curioso que por manifestar nuestro repudio a la ley, sectores del peronismo y del kirchnerismo acusen al Frente de Izquierda de “hacerle el juego a la derecha”. Quien le hace el juego a la derecha es este gobierno que mantiene el pacto con el FMI, paga una deuda usurera, ataca a los jubilados y ahora, como se está haciendo en Mendoza, el Frente para la Victoria de esa provincia con el aval de Alberto Fernández votó junto al gobernador de la UCR  una reforma a la ley 7722 que prohibía la megaminería, -como también quieren hacer en Chubut-, provocando inmensas movilizaciones en esta provincia en defensa de aquella ley y del agua, las cuales fueron violentamente reprimidas. ¿Quién es funcional a la derecha entonces? 

 

Es el mismo discurso de los Lula, Evo Morales o Maduro, que dejaron intacta a la derecha, sin tocar los pilares del capitalismo. El actual ataque a los jubilados y a los trabajadores demuestra que el ajuste no es patrimonio de la derecha liberal de los Macri o Piñera, sino también de los gobiernos supuestamente “progres”.

Desde el Frente de Izquierda Unidad denunciamos este nuevo ataque a los jubilados y trabajadores y llamamos a impulsar asambleas y reuniones en los lugares de trabajo para rechazarla. La CGT y CTA deben abandonar el pacto con el gobierno y llamar a enfrentar la ley, reclamando un inmediato aumento salarial y jubilatorio hasta compensar la pérdida inflacionaria.

 

¡Que ningún jubilado ni trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar! Indexación mensual de sus ingresos de acuerdo a la inflación real. Nos pronunciamos por la aplicación del 82% móvil; reincorporación de todos los despedidos; prohibición de despidos y suspensiones; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; plan de obras públicas para generar empleo genuino; reestatización de las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios; nacionalización de la banca y el comercio exterior, y fundamentalmente por la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda. Es decir, luchamos y postulamos un plan económico alternativo con medidas de fondo para reactivar la economía y empezar a combatir de verdad los males sociales dejados por Macri. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

Declaración de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, 24/12/2019.