Este 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del último golpe de Estado. Como todos los años, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto a distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, nos movilizamos para terminar con la impunidad de ayer y de hoy.

En todos estos años, miles y miles hemos avanzado en la lucha contra los genocidas a pesar de la impunidad impuesta por los distintos gobiernos. Esa lucha llevó a anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, permitiendo que se reabran una enorme cantidad de juicios contra los militares. El gobierno kirchnerista se montó en estos triunfos para mostrarse como el paladín de los derechos humanos. Sin embargo, los avances contra la impunidad los protagonizó el pueblo, no este gobierno.

Descolgar el cuadro de Videla fue parte de una política cosmética para derivar todo a “la justicia”. Sin embargo, aún hoy, no está previsto el delito de genocidio en nuestra legislación, las causas no están unificadas y siguen sin abrirse los archivos de la dictadura, por lo que sólo se ha enjuiciado a las caras más visibles del genocidio. Los juicios se dan sólo a cuentagotas, manteniendo al grueso de los responsables en libertad.

Tampoco el gobierno ha hecho nada para juzgar y castigar a los cómplices civiles del golpe: políticos patronales del PJ y la UCR que lo avalaron, grandes empresarios, la cúpula de la Iglesia y burócratas sindicales. Muchos de ellos, como Gerardo Martínez -dirigente de la UOCRA y uno de los cabecillas de la CGT Balcarce-, hoy casi ofician como “voceros” del propio gobierno.

Sin embargo, donde más claro queda que aunque pretenda mostrarse como defensor de los derechos humanos este gobierno está muy lejos de serlo es en los hechos de la cruda realidad de hoy.

Julio López y Luciano Arruga continúan desaparecidos y el gobierno nada ha hecho para encontrarlos. El aparato represivo sigue intacto. Los casos de gatillo fácil se suman a diario y la represión a las protestas sociales, contrario a lo que dicen sus propagandistas, se mantiene incólume. Sea de la mano del propio gobierno nacional, de los gobernadores, la policía o de patotas sindicales, estos actos siempre han contado con la venia o el silencio cómplice de Cristina Kirchner. Sólo en el periodo kirchnerista son 19 los asesinados durante represiones a movilizaciones populares. Entre los últimos casos se encuentran los de los hermanos Qom, que han permanecido impunes con la complicidad absoluta del gobierno provincial del kirchnerista Insfrán.

Mención aparte merece el asesinato de Mariano Ferreyra. Hoy, a más de dos años, en el transcurso de la causa ha quedado comprobado que la patota de la burocracia del asesino Pedraza (parte de la CGT oficial) actuó con complicidad policial y en defensa de un negocio que, en connivencia con el gobierno, mantenía sobre las empresas tercerizadas. María del Carmen Verdú, miembro de Correpi y querellante en el juicio, recientemente ha sido amenazada por su lucha contra los asesinos, hecho que repudiamos enérgicamente.

Por si esto no alcanzara, recientemente ha salido a la luz la política de espionaje ejercida por la Gendarmería contra distintas organizaciones y luchadores populares (ver recuadro), la cual se suma a la criminalización de más de 5.000 de ellos. La promulgación de la Ley Antiterrorista impulsada por el kirchnerismo bajo imposición del imperialismo pretende reforzar la represión a quienes reclaman, aplicándosela a los luchadores antimineros de Catamarca, quienes han sido, además, brutalmente reprimidos en no pocas ocasiones.

Los derechos humanos también se violan desde el momento en que el gobierno impulsa la megaminería, permitiendo que multinacionales desalojen a pueblos originarios para imponer sus emprendimientos capitalistas o cuando sigue pagando una deuda externa contraída por Videla y Martínez de Hoz.

Otro tanto ocurre con la masacre de Once, donde el Estado actuó como socio de TBA, ocasionando el triste saldo de 52 muertos y más de 700 heridos. Y hoy, a más de un año, busca salvarse el pellejo quitando responsabilidad a sus funcionarios.

Por todo esto marchemos en todo el país este 24 para gritar bien fuerte: ¡No a la impunidad de ayer y de hoy! ¡Cárcel común y efectiva a todos los genocidas! ¡Apertura de todos los archivos de la dictadura! ¡Restitución de la identidad de los jóvenes apropiados! ¡Basta de criminalización, espionaje, persecución y asesinato de luchadores populares! ¡No al ajuste y a la entrega! ¡No al pago de la deuda externa! ¡Derogación de la ley antiterrorista! ¡30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes!

Para impulsar esta política y reivindicar la lucha de nuestros compañeros desaparecidos, te invitamos a marchar en las columnas de Izquierda Socialista (en el Frente de Izquierda -ver carta en estas páginas-), en Capital y todo el país. Para terminar de una vez por todas con la impunidad de ayer y de hoy.