Aunque la ministra Nilda Garré y funcionarios como Aníbal Fernández lo habían negado hasta el hartazgo, finalmente el peritaje dio cuenta que la Gendarmería ha venido realizando espionaje contra distintas organizaciones y luchadores sociales, sindicales y políticos. Las pruebas van desde trabajadores de Kraft al momento en que enfrentaban los despidos, hasta referentes de Derechos Humanos como las Madres Elia Espen y Nora Cortiñas, no alineadas con el gobierno.

 También se aportan datos aberrantes, como el espionaje realizado por la Gendarmería contra quienes exigían la aparición con vida de Julio López a nueve días de su desaparición. Es decir, en vez de intentar rastrearlo, la Gendarmería se empeñaba en espiar a quienes sí peleaban por hacerlo. Lo mismo con los familiares y amigos de Luciano Arruga.

Por el material obtenido se sabe que este método habría sido empleado tanto durante el periodo en que la Gendarmería se hallaba comandada por Aníbal Fernández, como durante la gestión de Garré. Lo cual sugiere que no se trata de la iniciativa individual de un funcionario, sino de una práctica avalada por el gobierno en su conjunto, encabezado por Cristina Kirchner.

Esta práctica, si bien no es nueva, desenmascara el carácter de un gobierno que se pretende “defensor de los Derechos Humanos”. Tal como había denunciado la abogada Myriam Bregman, las pruebas recabadas por la Gendarmería eran, en ocasiones, empleadas en el armado de causas judiciales. Es decir, el espionaje es una herramienta más de las que emplean para perseguir y judicializar las luchas. Para poner en banquina a quienes a diario salen a las calles a enfrentar la política del gobierno. Así lo han intentado hacer en su momento con la detención del “Pollo” Sobrero, por sus denuncias contra el desguace del sistema ferroviario, encabezada por el propio Aníbal Fernández acusándolo de “quemar trenes”. Causa donde Sobrero fue sobreseído fruto de una enorme movilización popular en apoyo y por falta de pruebas. Recordando, además, que este gobierno siempre se negó a aprobar una ley presentada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para desprocesar a los más de cinco mil luchadores sociales procesados por luchar.

El gobierno aprovecha para mostrarse ante los jóvenes y las nuevas generaciones como que combate la “impunidad”. Esto prueba todo lo contrario. Por eso, este 24 de marzo, gritemos bien fuerte: ¡Abajo el Proyecto X! ¡Juicio y castigo a los responsables del espionaje! ¡Desprocesamiento de todos los procesados por luchar! ¡Abajo la Ley Antiterrorista! ¡Basta de perseguir y criminalizar a los que luchan!