Tuvieron que pasar 37 años para que apenas 25 de los centenares de asesinos que participaron en Argentina del “Plan Cóndor” sean puestos en el banquillo a partir del 5 de marzo, día en que se inició el juicio oral por esta causa. Se trata de Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros. En tanto que, “por razones médicas”, el Tribunal dispuso la suspensión del enjuiciamiento a Ramón Díaz Bessone y Ernesto Arturo Alais, consideración que ninguno de los perversos genocidas tuvo hacia ninguna de sus víctimas.

Además de los enjuiciados, que durante casi todos estos años vivieron en la más absoluta impunidad, en la investigación por esta causa -que según los registros oficiales tuvo 106 víctimas-, aparecen inculpados Eduardo Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Cristino Nicolaides y otros 12 asesinos, todos fallecidos sin siquiera haber llegado a juicio. Sin duda, esta es otra clara muestra de cómo los gobiernos “democráticos” que se fueron sucediendo desde que se derribó a la dictadura fueron salvaguardando la impunidad que disfrutaron estos repugnantes sujetos. Lo mismo ha ocurrido en los demás países que participaron en este “Plan Cóndor”, cuyo objetivo era intercambiar información de inteligencia sobre exiliados políticos para encontrarlos, hacerlos desaparecer, torturarlos para sacarles datos y asesinarlos donde quiera que se encuentren o restituyéndolos a sus respectivos países.

El denominado Plan Cóndor fue instrumentado conjuntamente por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Nicaragua, pergeñado por Estados Unidos y la CIA, y supervisado por su encargado de política exterior, Henry Kissinger, quien a pesar de existir innumerables documentos descubiertos que demuestran su intervención directa y haber sido el principal instigador del golpe de estado contra Salvador Allende en Chile, luego fue galardonado con un Premio Nobel de la Paz. A los genocidas del Plan Cóndor: ¡cárcel común y de por vida ya!