Escribe: Juan Carlos Giordano

El protocolo dispuesto por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich es claro. Tiene el objetivo de frenar y reprimir la protesta social para hacer pasar el plan de ajuste y de entrega que está aplicando Macri al servicio de las grandes patronales, megamineras, multinacionales y usureros internacionales.

La disposición actuará cuando haya cortes de calle totales o parciales, o vías de comunicación. "Les vamos a dar cinco minutos para que se vayan por las buenas: se van o los sacamos", dijo la ministra represora. Pero no solo eso. El protocolo permite el uso de armas de fuego (letales); da vía libre a la actuación policial o de civil sin identificación (de incógnito); a detenciones masivas bajo el título de que se está "incitando a la violencia" y se hará un "corralito" a periodistas y medios de prensa para que no puedan filmar los hechos. En muchos casos, esto último ha permitido aportar pruebas para encarcelar a verdaderos represores, como cuando se condenó a los asesinos materiales de Kosteki y Santillán mientras la propia policía decía que los desocupados se "habían matado entre ellos". El sindicato de trabajadores de prensa (SiPreBA) rechazó enfáticamente estas disposiciones.

¡Se está ante una violación de principios elementales y democráticos en toda la regla! Las víctimas serán los que luchan por sus derechos. Así pasó con la represión que le costó la vida al docente Carlos Fuentealba cuando se movilizaba en defensa de la educación pública.
Para alguien que diga "con Scioli iba a ser distinto", veamos las declaraciones del economista preferido del ex candidato a presidente de Cristina y del Frente para la Victoria, Mario Blejer: "La tranquilidad en las calles es tan relevante como un acuerdo con los holdouts (buitres) para volver a recibir inversiones" (Infobae TV, 23/2). Blejer, de paso, mata dos pájaros de un tiro: deja claro que Scioli iba a pagarle a los buitres al mejor estilo macrista y que, para aplicar el ajuste, hay que reprimir.

El gobierno defiende el protocolo diciendo que busca el equilibrio "entre el derecho a peticionar y el de circular". De paso quiere quedar bien con quienes repudian los cortes, entre ellos la clase media alta. Pero está violando el legítimo derecho a la protesta contra las injusticias de su gobierno.

Desde nuestra parte aspiramos a que se erradiquen los graves problemas de fondo para el pueblo trabajador, como proponemos desde el Frente de Izquierda, para no estar obligados a cortar una calle para ser escuchados. También queremos que empiecen las clases y los chicos vayan a la escuela. Pero si hay despidos, tarifazos, cortes de luz y a los docentes les ofrecen una miseria mientras el gobierno destina cientos de millones de dólares para salvar a oligarcas del campo y a las megamineras... ¡tiene que haber pleno derecho a protestar!

Macri y Bullrich eran entusiastas de los cacerolazos cuando gobernaba el kirchnerismo. Pero ahora que son gobierno, quieren reprimir a quienes se movilicen legítimamente por sus derechos. El gobierno argumenta que ya no está Cristina, que todo cambió y Argentina volvió a ser un país "normal". ¿"Normal" cuando se va a endeudar al país nuevamente por 15 mil millones de dólares para pagarle a los buitres o se exime de impuestos a la Barrick mientras se quiere imponer un techo salarial de pobreza y miles de trabajadores y jubilados siguen pagando el impuesto a las Ganancias?

El protocolo apunta contra trabajadores que salgan a la calle contra los despidos; contra vecinos que corten la calle para que vuelva la luz o por falta de agua; contra los pueblos que se movilizan contra la megaminería como en Jáchal o Esquel; contra quienes se movilizan ante la inseguridad o el gatillo fácil en los barrios.

Esta política de Bullrich va contra las mujeres que salieron a las calles masivamente en el Ni Una Menos y luchan contra los femicidios. O contra los miles y miles que marcharemos el próximo 24 de marzo a 40 años del golpe. Otra cosa es si puede hacerlo. Ya que no hay protocolos que valgan cuando los de abajo están obligados a salir a luchar para defender sus derechos. La medida recibió el repudio de diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas y personalidades como Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, entre otras.

Bullrich, además, viajó a Estados Unidos para reunirse con el FBI, la DEA y el Departamento de Estado para adiestrarse en "seguridad". También va a pedir préstamos "para inteligencia". En lugar de desmantelar el Proyecto X y la AFI (ex Side), le sigue los pasos a Milani para perseguir y espiar a los que luchan y a todo opositor. Apelando a organismos del imperialismo socios del narcotráfico, donde a su vez la policía racista estadounidense asesina a jóvenes afroamericanos todos los días.

Llamamos a repudiar esta medida represiva. ¡Abajo el protocolo antipiquete! Pleno derecho a la protesta social y de movilización para los trabajadores y el pueblo. No a las mayores facultades represivas para la policía, Gendarmería y fuerzas especiales de represión. Abajo la Ley Antiterrorista y el Proyecto X. Desprocesamiento de los 6.000 luchadores sociales.