El pasado jueves 13 de octubre comenzó en Rosario la causa Guerrieri III por 47 crímenes de lesa humanidad. Y está pendiente el juicio por la represión en Villa Constitución iniciada bajo el gobierno de Isabel Perón.

Escribe Mariano Farre

Pascual Guerrieri fue uno de los jefes de la planificación genocida en Rosario y otros lugares del país. Estrechamente ligado a Suárez Mason, integró el batallón 601 de Inteligencia y el 121 con sede en Rosario. Trabajó para la SIDE durante el gobierno de Menem y protagonizó en 2006 un escape de su prisión domiciliaria. Ya fue juzgado y condenado en dos oportunidades, con otros genocidas que lo acompañan en este proceso (Amelong, Fariña y otros). En total, 10 genocidas serán los juzgados en esta oportunidad. Todos actuaban bajo las órdenes del ex dictador Galtieri, Jefe del Segundo Cuerpo del Ejército.

Esta nueva causa agrupa el accionar genocida en los campos de concentración de la Quinta de Funes y La Calamita (cercanos a Rosario), entre los más de diez campos de tortura y exterminio que funcionaron en el área de esta ciudad. La nueva causa abarca 47 casos de desaparición forzada, y hay 23 sobrevivientes que podrán dar testimonio en el juicio.

Luego de la sentencia de La Perla en Córdoba queda clara la importancia de que las organizaciones sindicales, sociales y políticas tomen en sus manos la difusión del juicio, el acompañamiento a las víctimas y testigos, y la más amplia y masiva movilización de los trabajadores y los sectores populares para exigir el castigo a todos los genocidas. Lamentablemente no se logró en la primera jornada del juicio una concurrencia masiva, básicamente del Espacio “Juicio y Castigo”, hegemonizado por organismos de Derechos Humanos.

Desde Izquierda Socialista, con Daniela Vergara y la Secretaría de Derechos Humanos de Amsafe Rosario, haremos los esfuerzos necesarios para impulsar una amplia convocatoria a todos aquellos sectores sindicales, sociales y políticos con los que coincidimos en exigir que los genocidas se pudran en la cárcel, en especial al movimiento estudiantil y a los trabajadores docentes, para que podamos realizar una plan de acción que instale masivamente este juicio, dando pelea por encarcelar a los genocidas y evitando las prisiones domiciliarias que preparan el gobierno de Macri y la justicia cómplice.