Hoy el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín (compuesto por la presidente del tribunal Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez), dictó sentencia en el juicio al General de Brigada (R) Eduardo Alfonso (69), por el asesinato de Antonio Domingo García y secuestro de Beatriz Recchia.

Alfonso era teniente del Ejército y parte de la patota que el 12 de enero de 1977, allanó la casa que la familia habitaba en Villa Adelina. En el mismo asesinan a Antonio y secuestran a Beatriz (que al momento tenía un embarazo de 5 meses) y Juliana, de 3 años. Juliana es llevada por el grupo de tareas y luego entregada a su abuela materna. Meses más tarde, en Campo de Mayo, nace su hermana, que fue apropiada por Luis José Ricchiutti y Hélida Hermann, ambos actualmente condenados.

El genocida Alfonso llegó a ser Secretario General del Ejército. En diciembre de 2008 es detenido y procesado, pero en 2009 la Cámara Federal de San Martín lo liberó. En 2012, ante una nueva orden de detención, se fugó a Paraguay, donde permaneció prófugo por cuatro años con un nombre falso (Walter Fariña) y una nueva familia. Hasta hoy, nunca había sido juzgado por crímenes de lesa humanidad.

En virtud de la acumulación dispuesta por el Tribunal Oral, en el mismo proceso se juzgó a Rafael López Fader (72), ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, por su participación en la privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y tentativa de homicidio de Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández respectivamente.

Alfonso fue condenado por allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad de Beatriz y Juliana a apenas 4 años de prisión y exculpado del asesinato de Antonio, cuando uno es correlativo al otro. Alfonso fue herido de bala durante el operativo que terminó con el asesinato y secuestro. López Fader fue absuelto del privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y tentativa de homicidio de Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández respectivamente, a pesar del testimonio de testigos que lo vinculan a los hechos.

El fallo es una nueva vergüenza de la justicia y de los distintos gobiernos que nunca abrieron los archivos de la represión ilegal. Este fallo escandaloso será apelado por las querellas que cuentan con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos. La lucha por memoria, verdad y justicia continuará hasta que los genocidas se pudran en la cárcel.