“Era muy activa, una supermilitante. Eso motivó para que los genocidas la mataran. Fue parte de la terrible persecución que le hicieron contra el PST”. Estas fueron algunas de las emotivas palabras de Carmen Metrovich, cuñada de Ana María Martínez y referente de la Comisión de familiares y amigos que se conformó en Zona Norte, al testificar en el primer día del juicio que se le sigue a genocidas de Campo de Mayo en el tribunal Federal nº 2 de San Martín.
“Con lucha logramos el inicio de este juicio. Es un día histórico. Ahora queremos justicia”, se escuchó entre los presentes, celebrando el hecho con una gran alegría.
El valiente testimonio de Carmen fue aplaudido por todos los presentes. En sus palabras finales Carmen vociferó: “No vamos a parar hasta lograr justicia. Ana María… ¡Presente!”

En la sala estaban presentes los miembros de la Comisión Ana María Martínez, la cual integra Izquierda Socialista junto a otras organizaciones; luchadores; dirigentes de izquierda, familiares y luchadores por los Derechos Humanos. También fueron alumnos de un colegio de Tigre. Estuvo presente en el juicio nuestro compañero Juan Carlos “Gringo” Giordano.
Los jueces tomaron nota de que decenas de luchadores acompañaron a los testigos de la querella y a los abogados encabezados por Pablo Llonto y de la Comisión para la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

Ana María fue militante del “glorioso” PST (Partido Socialista de los Trabajadores), nuestro partido antecesor, que tuvo sus primeros asesinados por la Triple A en los años 70 y más de 100 desaparecidos en la dictadura militar. Fue secuestrada el 4 de febrero de 1982, hace 36 años, cuando tenía 31 años de edad y estaba embarazada de dos meses y medio. La esperaba un grupo de tareas en su domicilio de Villa de Mayo, en un Falcon Verde. Apareció su cuerpo el 11 de febrero acribillado en cercanías de Dique Luján. Ana María era una obrera fabril, de la autopartista DEA de Vicente López. El día 5 de febrero, el día posterior a su secuestro, iba a cobrar la primera quincena como trabajadora metalúrgica.
Ana María había huido de Mar del Plata, donde su casa fue allanada y ya habían hecho desaparecer a varios militantes del PST. Y en la zona norte era destacada en apoyar las luchas, en especial la de los bancarios con la antiburocrática agrupación Lista 3 Verde.

Concurrieron a la audiencia los dos genocidas acusados. Son el ex general de brigada Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y el ex teniente coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz, jefe de Departamento de Personal G1. Ambos prestaban sus “servicios” en el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo.
Apa y Muñoz se negaron a declarar, pero se leyeron sus descargos en otras instancias judiciales donde no solo negaron el hecho, sino que alegaron canallescamente que el crimen de Ana María fue pasional, un delito común, un “problema de parejas”.
También se tuvo que escuchar a un médico policial que hizo el reconocimiento forense de Ana María, diciendo que no recordaba el hecho, aunque firmó un escrito con una declaración suya en 1982, diciendo que el cuerpo que examinó -luego confirmado que era el de Ana María- podría tratarse de “una prostituta” porque se le encontró dinero entre sus ropas.

Quedan varias audiencias donde valiosos testigos van a seguir aportando pruebas para demostrar que Ana María fue asesinada como parte de un plan sistemático genocida al servicio de imponer un plan económico al servicio del FMI y el imperialismo.
En el secuestro y asesinato de Ana María hubo una participación directa de la División de Inteligencia Bonaerense (Dippba), la policía de la zona, donde testigos han manifestado que el propio Luis Patti se llevó a Ana María, en complicidad con los mandos militares de Campo de Mayo acusados.

Desde la conformación en 2011, la Comisión ha impulsado movilizaciones, actos, conferencias, aportando pruebas y testimonios, audiencias públicas en el Congreso, llevando la solidaridad a las luchas obreras, acompañando los reclamos de familiares y amigos de las víctimas de la dictadura militar. Ese es el camino para seguir profundizando, el cual acompañamos desde nuestro partido.

 El Dip. Nac. Giordano junto a Carmen Metrovich

Norberto Apa, ex-general de brigada, y Pascual Muñóz, ex-teniente coronel, imputados por el crimen de Ana María.

 Los abogados querellantes