El Frente de Izquierda Unidad se pronuncia por la real y efectiva separación de la Iglesia del Estado y se solidariza con la “Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina” en su lucha.

El lunes 5 de agosto, a través de su página de Facebook, la “Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina” emitió una declaración llamada “Pronunciamiento para que la Separación Iglesia/Estado forme parte de la agenda política”. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad saludamos la iniciativa, nos solidarizamos con todas las víctimas de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia y nos ponemos a disposición para llevar adelante todas las acciones necesarias para hacer efectiva la separación de la Iglesia del Estado.

Consideramos que la Iglesia Católica es una institución reaccionaria, conservadora, patriarcal y enemiga de todo el pueblo trabajador y en particular de los derechos de las mujeres, lesbianas, gays, travestis y trans. Nos oponemos tajantemente a que el gobierno destine millones de pesos que pagamos todos los trabajadores para su financiamiento, que abarca desde el pago de los sueldos y jubilaciones a los obispos, hasta la exención impositiva y reparaciones de las parroquias, las obras y reformas de las basílicas y catedrales, la entrega de terrenos públicos a los monasterios, la subvenciona a las escuelas confesionales de todo el país y exime de impuestos a las propiedades de las iglesias.

Se trata de un negociado millonario que nadie controla, que beneficia a las cúpulas de una institución que apoyó históricamente todos los golpes militares en Argentina y que tiene en sus filas a abusadores de niños como el Padre Grassi y a curas fascistas como Von Wernich, condenado por ser parte activa de los interrogatorios y torturas en la última dictadura militar. La Iglesia Católica desplegó toda su influencia al servicio de encubrir a los genocidas. Lo hicieron en particular en 1987, poco antes de la sublevación de Rico en Semana Santa, respaldados por el propio Juan Pablo II que hablaba de “reconciliación”. Por eso los carapintadas utilizaron esa argumentación proporcionada por la Iglesia para lograr la Obediencia Debida y el Punto Final.

La ley 21.950, sancionada por Videla y Martínez de Hoz en 1979, ofrece a los obispos un sueldo equivalente al 80% de lo que gana un juez nacional, que actualmente ronda en 120.000 pesos de promedio. A su vez, la ley 21.450, también de la última dictadura, otorga jubilaciones de privilegios a los curas sin que previamente realicen los aportes. Y como si esto fuera poco, se le otorga a cada seminarista una asignación mensual en concepto de beca de estudio. Además, la Ley 24.483 del menemismo otorga a la iglesia católica y otros cultos, la eximiciones de impuestos varios sobre Ingresos Brutos, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios, Inmobiliarios y Automotor, etc.

Estas leyes, promulgadas en la última dictadura, no fueron derogadas por los posteriores gobiernos elegidos por el voto popular. Es más, peronistas, radicales, kirchneristas y macristas continuaron favoreciendo a la iglesia católica con partidas especiales para financiar proyectos eclesiásticos, y según el presupuesto votado para 2016 se destinaron 134 millones de pesos, sólo para pagar los sueldos y jubilaciones de los obispos y arzobispos.

Otro de los negocios que mantiene la iglesia católica con los distintos gobiernos patronales de turno es el subsidio a sus escuelas confesionales privadas, las mismas que tras recibir millonarios subsidios se niegan a la plena aplicación de la ESI o en las farsantes jornadas todos los 25 de Mayo, el “Día del Niño por nacer” donde atacan el derecho a la ILE y el aborto legal. Realizan disertaciones retrogradas, anti científicas y oscurantistas donde atacan el derecho a la libre orientación sexual, definen a la homosexualidad como una enfermedad y otras atrocidades. Su único objetivo es  profundizar la dominación de esta institución violando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Denunciamos las sanciones impuestas a jóvenes que se organizan e impulsan la movilización por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, mientras la iglesia católica promueve la castidad como método anticonceptivo aproximadamente 3.000 mujeres menores de 15 años se convierten en madres, muchas por abusos sexuales encubiertos en el seno familiar, las que luego son obligadas a parir por los gobernadores como el Tucumano Manzur, hoy candidato del Frente de Todos.

El escándalo de los sacerdotes pedófilos que abusaron de niños, niñas y adolescentes comenzó a salir a la luz recién en la década de 1990 y estalló con fuerza en Estados Unidos a comienzos de los años 2000, dando cuenta de miles de casos sólo en los últimos 50 años. El efecto de esta crisis en la iglesia católica se sintió posteriormente también en Europa, donde se registraron miles de denuncias en Irlanda. En América Latina se conocieron casos como el del movimiento conservador de los Legionarios de Cristo en México y el del Padre Grassi en Argentina, entre muchos otros, en los que las órdenes religiosas que comandaban instituciones de abrigo de niños y escuelas comenzaron a ser enfrentadas por las víctimas.

Frente a estos hechos, en 2006 el Papa Benedicto XVI tuvo que asumir la responsabilidad de la iglesia, pero procuró que los sacerdotes fueran juzgados dentro de la propia institución como pecadores y no como responsables de delitos en la justicia común. Esta misma línea sigue siendo sostenida actualmente por el propio Papa Francisco, quien mantiene en cargos de jerarquía a curas pederastas y evita los juicios comunes contra ellos garantizando la impunidad de los abusadores.

La existencia de una cifra enorme de abusos por parte de miembros de la iglesia católica no es una cuestión puntual, esporádica, aislada, ni está bajo control. Muy por el contrario, se trata de un sistema organizado dentro de la institución que facilita el acercamiento de los pedófilos a los niños más vulnerables, y que protege a los abusadores silenciando a las familias y cambiando de lugar a los sacerdotes cuando las situaciones se tornan insostenibles.

En la actual coyuntura electoral, todas las Iglesias apoyan y son parte constitutiva de todos los frentes electorales mayoritarios y  patronales como "Juntos por el cambio", el "Frente de todos" y "Consenso Federal", para obstruir y negar el derecho al aborto que impuso la #MareaVerde en las calles y seguir desarrollando su política anti derechos en los parlamentos y las esferas del gobierno. Eso se demuestra en la “Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas” - (ACIERA) – presidida por el pastor el pastor Rubén Proietti quien valoró la postulación de más de 200 pastores en diferente listas por impulsar una política ligada a  “los valores cristianos basados en las Sagradas Escrituras”. Las listas están llenas de evangelistas o dirigentes católicos antiderechos como muestra la participación de la evangélica Cynthia Hotton como vice de Gómez Centurión o Dina Rezinovsky y Gabriel Mraida de Juntos para el Cambio. En este marco denunciamos particularmente la política conciliadora y pro eclesiástica de Cristina Fernández y del Frente de Todos, que desde hace tiempo se juegan a incorporar “pañuelos celestes y verdes” en sus listas, como el anti abortista y “pro vida" el tucumano Manzur o Juan Grabois, autodenominado hombre del Papa en la Argentina, que impulsa junto a las organizaciones sindicales, burocráticas y traidoras las marchas a San Cayetano y protege los privilegios de la iglesia desde un discurso “nacional y popular”. Otro escándalo: La intendenta de La Matanza y actual candidata a Vice Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires junto a Axel Kicillof, Verónica Magario, dispuso la creación de la Sub Secretaria de Culto, que estará a cargo de Gabriel Ciulla, actual Coordinador de la Junta de Consejos Pastorales de La Matanza con el único objetivo de efectivizar la penetración en el territorio del conurbano bonaerense de las iglesias y repartir poder con el mafioso PJ local. Estas acciones muestran que ninguna de las variantes patronales y sus listas de candidatos son opciones para quienes luchamos por la separación de la Iglesia del Estado, todos ellos serán más impunidad para los curas pedófilos y garantes de los privilegios de las iglesias.

            Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad impulsamos la incondicional pelea para terminar con los privilegios de la Iglesia Católica y otros credos, para terminar con los abusos sexuales en la iglesia y todos los ámbitos, por el juicio y castigo a los curas abusadores y a sus encubridores en las cúpulas de las iglesias, por la inmediata anulación de las leyes 21.950, 24.483 y toda legislación que habilite cualquier financiamiento a las iglesias y por la efectiva separación de la Iglesia del Estado.

            Estimades compañeres de La “Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina”, nos solidarizamos con ustedes y dejamos claro que su lucha es nuestra lucha y que en las calles, en los parlamentos y en todos los ámbitos transformaremos esta declaración en acciones concretas, esperamos hacerlo codo a codo junto a ustedes hasta conquistar los derechos que nos faltan y sepultar a la reaccionaria Iglesia Católica en el pasado de la historia o en las actividades privadas e individuales de la espiritualidad de quienes así lo crean necesario. ¡Iglesia y Estado son asuntos separados!

Abrazo fraternal y de lucha.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

7 de agosto de 2019