Esta semana la huelga de maestros peruanos, con suspensión de clases en la mayoría de los colegios del país, con inmensas movilizaciones callejeras y gran solidaridad popular, cumple dos meses. Exigen aumento salarial, pago de beneficios sociales y derogar la Ley de la Reforma Magisterial 29.944 que desconoce la estabilidad laboral, sometiendo a los docentes a exámenes periódicos dirigidos por la burocracia estatal, por los que pueden hasta destituirlos.

Un dirigente del sindicato en Cuzco dijo: “No es posible que la canasta básica familiar esté bordeando los 4.000 soles y un maestro gane 1.200 soles”.
El presidente Pedro Pablo Kutzinsky (PPK), que había prometido en la campaña electoral “mejorar la educación” y los salarios docentes, mantiene sueldos de hambre y está apoyando a la enseñanza privada. Durante semanas se negó a recibir a los huelguistas, amenazándolos con despidos y ordenó la represión violenta en varias ocasiones.

La indignación de las bases es también contra la conducción sindical del Sutep (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú), dirigido burocráticamente hace 30 años por una organización de origen maoísta, Patria Roja, que se opuso a la huelga.

La huelga tuvo un inmenso apoyo popular. La organización Uníos (sección de la UIT-CI) llamó a la solidaridad popular y el Frente Amplio -del cual forma parte y tiene diez diputados- también apoyó a los huelguistas en defensa de la educación pública gratuita y exigió que el gobierno los recibiera.

La popularidad del presidente PPK cayó al 29% como resultado del conflicto. La huelga obligó al gobierno a negociar y PPK recibió y suscribió un acta acuerdo con el SUTE-Cusco, el cual cumple 60 días de huelga. En dicha acta se acuerda un salario mínimo de 2.000 soles, el no descuento de los días de huelga y suspender las tramposas evaluaciones. A partir de esto los docentes de Cusco levantaron la huelga.

Sin embargo, PPK se niega a dialogar con el Comité Nacional de Lucha (CNL) que agrupa a las otras organizaciones de base de los SUTE-Regionales. Por esa razón, el acta no es reconocida por todas las bases regionales. La estrategia del gobierno consiste en dividir la huelga para debilitarla y evitar la formación de una nueva referencia sindical de maestros del Perú. Mientras tanto, sectores de derecha reclaman despidos y cárcel para los huelguistas.

El acta firmada por los docentes de Cusco, que se aplicaría en todo el país, indudablemente representa un triunfo parcial para el magisterio en su conjunto, además de desenmascarar a la dirección burocrática y traidora del Sutep controlada por Patria Roja, que siempre se ha opuesto a la consulta y organización democrática de las bases.

Uníos señala que hay que mantener la solidaridad popular, y que es fundamental fortalecer la organización desde las bases, con la unidad de los distintos sectores que han hecho la huelga y con la democracia sindical más plena para que los maestros de base pueden decidir los próximos pasos.