Escribe Juan Carlos Giordano

El Fondo intenta hacer creer que “ha cambiado”. Macri y Dujovne hablan de un FMI bueno, que ahora se preocupa “por los más vulnerables”. La realidad devela la mentira. Donde se aplican los planes del FMI hay más crisis, pobreza y ajuste. Y por supuesto, rebeliones populares.

En Haití acaba de caer este sábado 13 el premier Jack Lafontant tras una gran marcha pidiendo su cabeza. El 6 y 7 de julio hubo huelgas generales y cortes de rutas ante el aumento aconsejado por el FMI de 38% en la gasolina y de 51% en el querosene, usado por las mayorías populares para tener luz. Un día después de anunciar el ajuste el aumentazo cayó y ahora la marea de protesta se llevó puesto al primer ministro. El acuerdo con el FMI se firmó en febrero. También se reclama la dimisión del presidente Jovenel Moise. El 60% de la población de Haití está en la pobreza y al FMI no se le ocurrió mejor idea, “para proteger a los más vulnerables”, que aumentar el combustible popular.

En Jordania (uno de los países más “estables” de Oriente Medio, al que no lo había “tocado” la primavera árabe rebelión que tiró abajo a varias dictaduras de la región), también fue obligado a renunciar en junio su primer ministro Hani al Mulki, tras implementar un programa de ajuste del FMI. A cambio de un préstamo de 723 millones de dólares (supuestamente para aliviar una deuda que insume el 94% del PBI) se obligó a ese país a bajar subsidios y a subir impuestos (aumentando el número de contribuyentes en un 6%). El Ramadán (día de ayuno) no impidió que las protestas fueran masivas. Las medidas del FMI dispararon el precio de la electricidad, el agua y los combustibles. Hubo una huelga inmediata y protestas diarias en todo el país. El presupuesto 2018 impuso impuestos a los productos básicos (antes subvencionados), así como la subida del transporte público. El precio del pan se duplicó. El rey Abdullah II está en problemas, 200.000 personas se concentraron frente a los edificios oficiales.

En Túnez (norte de Africa), enero de este año estuvo marcado por movilizaciones contra el ajuste presupuestario y reformas de austeridad impulsadas por el gobierno nacional y el FMI, por un acuerdo firmado en 2011. El pago de los intereses de la deuda implica el 22% del presupuesto nacional.

Grecia, años atrás, acordó un crédito stand by por 40.000 millones de dólares, algo similar a lo que hizo Macri, con el compromiso de reducir el déficit fiscal hasta 2060, es decir, un ajuste permanente por 42 años más. Esto ya provocó la peor recesión del siglo en tiempos de paz, con caídas del 40% del salario real, jubilaciones y planes sociales. La desocupación supera el 22% (50% entre los jóvenes), lo que repercutió en la tasa de suicidios que aumentó 40%.

En Nicaragua, el FMI recomendó aumentar la edad jubilatoria (de 60 a 65) e incrementar el aporte mensual de los trabajadores (de 6 a 15%). Esto desató una rebelión contra el gobierno ajustador de Ortega, encabezada por jóvenes universitarios, junto a trabajadores, campesinos y jubilados, que consiguió hacer retroceder los planes de Ortega que reprimió a más no poder (ver página 11).

La mayoría de los acuerdos desde 2008 están en la misma sintonía. Son iguales a todos los firmados en los nefastos años ´90. Nada ha cambiado. También fueron víctimas países como Bielorrusia (devaluó su moneda 25%), El Salvador (con tremendos tarifazos), México (con privatizaciones y recortes a los trabajadores), o Polonia (con un ataque a los jubilados y a la edad jubilatoria), entre otros.

El FMI y todos los gobiernos son socios en estos ajustes capitalistas provocando un alto costo social para los trabajadores, los jubilados, la juventud, las mujeres y los demás sectores populares. Por eso hay luchas y rebeliones.

El antecedente de diciembre, donde miles nos movilizamos contra el robo jubilatorio, es el espejo en que se tiene que mirar Macri.