Coincidiendo con el aniversario de la caída del dictador Duvalier y los dos años del inicio del gobierno del empresario Jovenel Moïse, del partido derechista PHTK, a partir del 7 de febrero se ha desatado una masiva rebelión popular en Haití. Coreando consignas contra la corrupción en el manejo del fondo de Petrocaribe, exigiendo la caída del gobierno y reivindicando el derecho a vivir dignamente, cientos de miles han llenado las calles de Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y las principales ciudades del país.

Dando muestras de una gran combatividad, los manifestantes no han retrocedido ante la represión del régimen, que ha cobrado más de 15 víctimas fatales y cientos de heridos. Por el contrario, la violencia del gobierno ha vertido más combustible a las llamas revolucionarias.

Desde hace una semana hay en los hechos una huelga general, con los bancos, escuelas, gasolineras y casi todo el comercio cerrados. Un gran número de manifestantes ha apedreado la residencia presidencial, en varios lugares han puesto en fuga a los cuerpos represivos e incluso ha habido una fuga de decenas de detenidos en una cárcel en las afueras de Puerto Príncipe.

La reciente declaratoria de urgencia económica por parte del gobierno claramente no convenció a casi nadie de que exista la menor intención de enfrentar la creciente inflación, que se aproxima al 20% anualizado, parar la devaluación que ha llevado la tasa de cambio a más de 85 gourdes por dólar, ni hacer justicia ante los escándalos de corrupción. Recientemente se reveló la implicación directa de una empresa del presidente en la corrupción de Petrocaribe. La crisis política, que aqueja al gobierno desde su elección fraudulenta en 2017, se agravó en enero cuando el parlamento no aprobó el presupuesto de 1650 millones de dólares.

El primer estallido que abrió esta nueva situación política fue el de las jornadas de julio del año pasado, en las que el pueblo derrotó el intento del gobierno de aplicar un aumento despiadado de los combustibles, logrando además la renuncia del primer ministro. El gran movimiento por el esclarecimiento del destino de los dineros del fondo de Petrocaribe y por llevar a la justicia a los corruptos, ha jugado un papel muy importante en el ascenso de las luchas, a partir de agosto del año pasado, especialmente en las grandes movilizaciones de octubre y noviembre.

El desfalco al fondo de Petrocaribe se estima en alrededor de dos mil millones de dólares, un monto mayor al presupuesto anual del Estado haitiano. Senadores y diputados opositores también aparecen señalados en los informes parlamentarios sobre la corrupción de Petrocaribe, por lo cual gran parte del movimiento que lucha contra el gobierno no tiene ninguna confianza en el parlamento de mayoría opositora ni en sus partidos. El gobierno venezolano, a través de su embajador en Haití y voceros de la petrolera estatal PDVSA, ha defendido la gestión de los recursos por parte del gobierno haitiano, demostrando su complicidad y probable involucramiento en la corrupción. Lamentablemente el programa de Petrocaribe, cuya implementación se logró superando las maniobras y obstáculos interpuestos por el gobierno de EEUU, terminó siendo una fuente de corrupción desmedida y escasamente benefició al pueblo haitiano.

Los esfuerzos del imperialismo por sostener al gobierno y propiciar acuerdos con la oposición han fracasado. El repudio popular se extiende, en consecuencia, también a la injerencia del Core Group, instancia multilateral que incluye a representantes de la misión de ocupación militar-policial de la ONU, la Minujusth, así como de la OEA y de los gobiernos de Alemania, Brasil, Canadá, Estado español y EEUU. El Core Group emitió una declaración injerencista criticando a las protestas populares y elogiando el "profesionalismo" de los cuerpos policiales haitianos, precisamente mientras llevaban a cabo asesinatos y violaciones a los DDHH en las calles.

Apoyamos las exigencias centrales de la declaración del Reagrupamiento para la Acción Revolucionaria en Haití (RARA), partido socialista haitiano que participa en el proceso de lucha y exige la renuncia incondicional de Jovenel Moïse y el gabinete encabezado por el primer ministro Jean H. Ceant, el castigo a los corruptos de Petrocaribe, y la disolución del grupo policial de operaciones especiales BOID, responsable de muchos de los crímenes represivos de la última semana, mientras que repudia la injerencia del Core Group.

¡Abajo el gobierno corrupto de Jovenel Moïse y el PHTK! ¡Viva la rebelión haitiana! ¡Fuera la Minujusth! ¡Por un gobierno de las organizaciones obreras y populares, que deje de pagar la deuda externa y recupere los recursos robados para ponerlos al servicio de las necesidades del pueblo!

Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

15 de febrero de 2019