Luego de 2 años encarcelados como consecuencia de la brutal ofensiva contra el independentismo catalán por parte del régimen español, el Tribunal Supremo condenó a doce dirigentes políticos y sociales a penas de prisión y de inhabilitación política de hasta trece años, en una farsa judicial en la que se les acusó de crímenes como sedición y malversación de fondos.

Entre los condenados están funcionarios como Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat al momento de la realización del referendo y cabeza de la lista más votada en las elecciones de abril de este año en Catalunya, ganadas por el independentismo; o Carme Forcadell, presidenta del parlamento catalán durante el referendo, también los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, condenados en retaliación por las protestas populares que enfrentaron la represión luego del referendo.

Castigando violentamente la realización del referendo del 1 de octubre de 2017, que superó los intentos del régimen de impedirlo a palos y que demostró la voluntad popular mayoritaria de alcanzar la independencia, los herederos del franquismo intentan aplastar la causa de la autodeterminación nacional catalana, y escarmentar a los demás pueblos enviando el mensaje de que no tolerarán que se dirima democráticamente la cuestión.

El antidemocrático fallo desató una masiva movilización popular en Catalunya, con marchas y un gran bloqueo en el aeropuerto de Barcelona. En varias ciudades del mundo se han realizado manifestaciones en apoyo al pueblo catalán y en solidaridad con los presos políticos, repudiando la represión del régimen español. Dentro del Estado español, además de las gigantescas movilizaciones de cientos de miles en las calles de Barcelona y Girona, se han realizado multitudinarias movilizaciones en Galicia y el País Vasco.

La crisis ha demostrado que no solo el PP, que gobernaba el Estado español al momento del referendo de 2017, y el PSOE, actualmente en el poder, aplican toda la saña y no escatiman esfuerzos en destruir los derechos nacionales de los pueblos; también ha dejado al descubierto la hipocresía del “progresista” Pablo Iglesias de Unidas Podemos (Podemos), quien llamó a “respetar y cumplir” la sentencia.

La intención de usar el referendo y la declaración de independencia en suspenso como herramientas para presionar al Estado español para una salida negociada han demostrado ser una estrategia equivocada. La única salida para imponer una República independiente como expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo catalán es vincular la justa reivindicación de la autodeterminación a la lucha de la clase trabajadora, de los estudiantes y las mujeres, profundizando los lazos de solidaridad con los demás pueblos del Estado español para alcanzar una movilización mayor y derrotar por la fuerza de cientos de miles en las calles al régimen monárquico y heredero del franquismo. El pueblo catalán esta en las calles y el 18 de octubre se convocó a una huelga general.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores – Cuarta Internacional apoyamos incondicionalmente la lucha del pueblo catalán. Repudiamos esta escandalosa sentencia que busca escarmentar a los pueblos del Estado español, condenamos la represión de los cuerpos represivos españoles y la policía catalana. Contra la sentencia y la represión: plan de lucha y huelga general. Llamamos a la solidaridad internacional con el pueblo catalán.

Libertad presos políticos independentistas, regreso de los exiliados y archivo de todas las causas abiertas: ¡amnistía!

No a la represión!

Por la autodeterminación de Catalunya!

Apoyo a la movilización popular!

Abajo la monarquía y el régimen del 78!

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
18 de octubre de 2019.