Escribe Guido Poletti

Las movilizaciones populares en Chile ponen énfasis en “los 30 años”, refiriéndose al tiempo de vigencia que lleva la constitución pinochetista promulgada en 1980. Este texto fue supuestamente “aprobado” por el 65,71% en un plebiscito ese año, en medio de la dictadura, sin registros electorales, ni la posibilidad de hacer ningún tipo de campaña en contra.

La constitución del ‘80 planteaba la existencia de senadores vitalicios nombrados por la dictadura, entre ellos el propio Pinochet, y de otros designados por las propias Fuerzas Armadas. También establecía la “inamovilidad” de los jefes militares de la dictadura. Estas cláusulas recién serán derogadas en 1989. Pero hay muchas otras, las que sientan las bases del modelo económico chileno, que siguen vigentes. Así, el artículo 19 plantea que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las jubilaciones, dejándolas en manos privadas, e interviniendo “sólo subsidiariamente”. Ahí está la base de lo que existe en la realidad, escuelas, centros de salud y AFP (fondos jubilatorios) privados, para ricos y un deterioro absoluto, orillando con la inexistencia, en el ámbito estatal.

La constitución de 1980, además, le otorga al presidente poderes casi dictatoriales: tiene la atribución exclusiva en la presentación de los proyectos de ley en los temas más importantes, como los económicos. No existe, además, la figura jurídica de “renuncia” del presidente, que sólo puede ser removido por medio de un complejísimo proceso, casi imposible de realizar.

La misma constitución no contempla el llamado a una constituyente para modificarla. Los cambios sólo los puede realizar el propio Congreso por mayoría de 2/3 de sus miembros y no se contempla llamado a plebiscito alguno.

Lo que pasó después de Pinochet

Pinochet lograría permanecer en el poder casi una década más. Finalmente, terminó llamando a un nuevo plebiscito, donde planteaba quedarse hasta 1997, pero esta vez fue derrotado por el “no”. Así se abrió una transición muy regimentada, bajo el marco jurídico de la constitución de 1980, tras algunos pequeños cambios consensuados entre Pinochet y los distintos partidos de la oposición patronal de entonces.

A partir de ese momento gobernó la “Concertación” entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, junto con otras fuerzas menores. Pasaron los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). Luego se produjo el primer triunfo de las fuerzas de la derecha, asumiendo Sebastián Piñera (2010-2014). Al término de su mandato, volvió a ganar Michelle Bachelet (2014-2018), ahora con una coalición ampliada llamada Nueva Mayoría, también integrada por el Partido Comunista, que llegó a tener dos ministros en el gabinete. Las últimas elecciones presidenciales marcaron el retorno de la derecha al gobierno, otra vez con Sebastián Piñera, en 2018.

Como vemos, pasaron 30 años de vigencia de la constitución pinochetista y casi 20 de gobiernos elegidos por el voto, la mayoría de ellos de la Concertación, y nada cambió. Hoy el pueblo trabajador en las calles dice basta y exige que se vaya Piñera. Pide también, junto a un conjunto muy grande de demandas populares, el llamado a una constituyente libre y soberana. Para terminar con la constitución de la dictadura, incluyendo con su método amañado y dictatorial de “reformarla”. Correctamente, el pueblo chileno movilizado plantea que deben ser ellos mismos, sin ninguna restricción, los que elijan quiénes y cómo debe redactarse una nueva constitución.