Las revelaciones del caso D’Alessio mostraron la vigencia de un aparato de inteligencia que viene de la dictadura y todos los gobiernos sostuvieron y utilizaron sistemáticamente. El espionaje y la corrupción representan un entramado que atraviesa macrismo y kirchnerismo. La izquierda plantea desmantelar.

Escribe Nicolás Núñez Legislador electo, CABA

Las intrigas judiciales de 2019 se iniciaron con una denuncia impulsada desde medios ligados al kirchnerismo hacia Marcelo D’Alessio. Quién es este personaje es algo difícil de precisar. Cuando en febrero registraron su casa y encontraron credenciales del FBI, armas, autos y una fortuna millonaria, él intentó frenar el allanamiento pidiendo que lo comuniquen con Patricia Bullrich. Lo otro que hallaron en su propiedad fueron celulares y computadoras con archivos que contenían información sobre operaciones de inteligencia que involucraban desde la banda Los Monos de Rosario, hasta el periodista Alejandro Fantino, pasando por la gobernadora María Eugenia Vidal, entre otros.

A D’Alessio lo habían filmado pidiendo en nombre del fiscal Carlos Stornelli coimas a un supuesto empresario agropecuario a cambio de no ser procesado en la causa de los cuadernos de las coimas. Stornelli es quien lleva adelante las investigaciones contra la ex presidenta, y de allí la importancia que el peronismo kirchnerista le dio a esta causa.

Sin embargo, el volumen de información requisada en lo de D’Alessio abrió muchos otros “cuadernos” oscuros. El juez a cargo de la causa contra D’Alessio, Alejo Ramos Padilla, fue al Congreso a decir que había encontrado pruebas que daban cuenta de un entramado que unía al poder político, judicial y mediático con el espionaje. Operaciones que según él “exceden a nuestro país y pueden poner en peligro las relaciones con Uruguay, Venezuela, Irán, Israel y Estados Unidos”. Todo esto se sumó a la “calentura” de Macri de estos días, por lo que personalmente salió a pedir la cabeza del juez.

El lío es tal que la propia Elisa Carrió le solicitó públicamente al presidente la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia. Medida que ya fue rechazada por Macri. El motivo: “Sería contraproducente hacerlo ahora, quedaría mano de obra desocupada con mucha capacidad de daño” (La Nación, 26/3/19). Agentes sueltos contando en un año electoral a quién espiaron y quiénes los mandaron a espiar es algo que no quiere el gobierno. Todo esto generó una crisis política importante, mostrando la podredumbre de las instituciones patronales.

¿Qué tiene la izquierda para decir de todo esto? Lo primero, es señalar que ante las graves revelaciones de espionaje, el macrismo busca taparlo a como dé lugar, y el kirchnerismo solo está preocupado por derribar la causa de los cuadernos.

El caso D’Alessio ratifica que los gobiernos usan el espionaje para sus disputas políticas, a pesar de que está prohibido por ley. Durante el gobierno kirchnerista habíamos denunciado la infiltración de agentes de gendarmería en los cortes de rutas, y el llamado Proyecto X con el que se hacía inteligencia sobre la izquierda. Ahora vuelve a salir a la luz el espionaje vinculado a los carpetazos judiciales y la corrupción. Se trata de operaciones contra operaciones tratando de tapar la corrupción de unos y otros, sean macristas, radicales o peronistas.

En segundo lugar, no sorprendería Stornelli operando en manejos turbios a favor del gobierno de turno. Durante el gobierno de los Kirchner, Stornelli secundaba a Aníbal Fernández a la hora de denunciar falsamente a luchadores de izquierda. Ahora bien, no se puede tapar el tendal de funcionarios y empresarios involucrados con la corrupción bajo el gobierno anterior, una lista que va desde Franco Macri hasta Benito Roggio (Metrovías), pero que también incluye a los ya procesados por la causa de la masacre de Once (Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi) y los que aún faltan, como Julio De Vido. Pensar que Néstor y Cristina no estaban al tanto de los manejos de quienes respondían a ellos, es ridículo.

Recordemos que la corrupción no solo es alguien llenando sus bolsillos, también es plata que falta para los frenos de un tren, o para medidas de seguridad elementales que luego producen muertes de trabajadores, como sucedió en la masacre de Once antes mencionada.

Por todo esto, seguimos diciendo que resulta urgente disolver esa estructura que viene desde la dictadura, que son los servicios de inteligencia. También promover la elección popular de jueces y fiscales con cargos revocables y los jurados populares para terminar con esta justicia adepta al poder y los negociados. Y, a su vez, invertir la carga de la prueba para los delitos de la corrupción, que los funcionarios demuestren su inocencia en vez de defenderse con más carpetazos y que devuelvan lo robado.