Finalmente se dio a conocer el fallo que confirma el procesamiento de veintisiete estudiantes por “usurpación por despojo” debido a la ocupación que tuvo lugar en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba durante la rebelión educativa de 2018. Una medida escandalosa que sienta un nuevo precedente contra el derecho a la protesta.

Escribe Lautaro • Dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista procesado

El procesamiento realizado por el juez “nacional y popular” Hugo Vaca Narvaja, puesto por Cristina Kirchner en 2014, se suma a la reciente exoneración y suspensión de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro por las tomas del rectorado ubicado en la ciudad de Roca, y al procesamiento de estudiantes del Normal 5 de la Ciudad de Buenos Aires por pelear contra la Unicaba. Repudiamos este nuevo hecho por ser parte de un ataque contra la organización estudiantil a partir del cual buscan amedrentar y disciplinar a aquellos que se dispongan a enfrentar las políticas de ajuste de los gobiernos.

La ocupación del Pabellón Argentina se desarrolló al calor de la rebelión educativa que sacudió el tablero en todas las universidades del país. El conflicto comenzó por la exigencia de aumento salarial para docentes, pero continuó con un reclamo por aumento presupuestario. Un fenómeno que fue extendido en todo el país, con enormes movilizaciones, asambleas masivas y más de cincuenta tomas de facultades, protagonizadas por miles de estudiantes, docentes y no docentes que reclamamos que la plata vaya para educación y no para la deuda y que se rompa con el FMI.

Lo que están atacando es a esa nueva base del movimiento estudiantil que sale a defender la educación pública. Se ataca a quienes defienden un método democrático de organización como las asambleas; a quienes intentan unificar los procesos de lucha con el movimiento obrero, a quienes buscan elevar la lucha estudiantil al plano político. Se ataca a quienes cuestionan al gobierno y su pacto de saqueo con el FMI, y a quienes están dispuestos a encarnar ese “derecho sagrado a la insurrección” que proclamó la Reforma Universitaria en 1918 y que los gobiernos y su Justicia pretenden coartar.

La persecución estudiantil es una política que ejecutan todas las autoridades universitarias, ya sean peronistas, radicales, kirchneristas o macristas. Gobierno nacional, autoridades universitarias y agrupaciones estudiantiles que responden a las distintas autoridades conforman un entramado que tiene como finalidad que el ajuste siga pasando en la universidad. Por ello, buscan eliminar cualquier obstáculo que se interponga en ese camino y preparan el terreno para futuros procesos de lucha intentando amedrentar a los luchadores con medidas ejemplificadoras.

Será el camino de la organización unitaria y la lucha en las calles lo que posibilitará impedir este nuevo atropello contra el derecho a la protesta.

Llamamos a los centros de estudiantes y federaciones a que se declaren contra la criminalización de estudiantes por luchar y que convoquen a espacios de debate y organización para empezar a trazar un plan de lucha. Asimismo, invitamos a sectores políticos, sindicales, de derechos humanos y demás organizaciones populares a conformar la coordinación en todo el país.
Necesitamos rodear de solidaridad a lxs compañerxs procesadxs e impulsar una gran campaña para que se dé marcha atrás en la judicialización de la protesta.