Una persona con demencia senil murió tras ser golpeado por la seguridad de Coto. Una manifestación de vecinos autoconvocados repudiaron el accionar de la empresa, reclamando justicia.

Escribe Laura Marrone, legisladora de Izquierda Socialista/FIT y candidata a Diputada Nacional por CABA

Vicente Ferrer tenía 68 años y sufría demencia senil. Vivía solo en un departamento del barrio de San Telmo, en Ciudad de Buenos Aires. El 27 de agosto murió por traumatismo craneoencefálico y hemorragia cerebral luego de ser reducido por dos empleados de la seguridad privada del Supermercado Coto de su barrio. A Vicente lo persiguieron por haber sustraído una botella de aceite, 500 gramos de queso y chocolate, por un valor que no superaba los 900 pesos.

Al día siguiente, más de 300 vecinos indignados se autoconvocaron en las puertas del supermercado para expresar su indignación por la actuación de Coto. Cubrieron de carteles las paredes del local y llenaron la acera de velas en señal de repudio y dolor.
Vicente vivía la violencia que sufren tantas personas mayores, jubilados con ingresos mínimos o directamente sin jubilación y que ya no tienen para comer, pagar servicios o comprar medicamentos. Jubilados que pasan hambre y hasta frío, a veces para no gastar en gas. Son casi 4,5 millones los que cobran la jubilación mínima de 11.520 pesos, apenas 6,6 dólares por día, la mitad de una hora de trabajo de un empleado doméstico en Estados Unidos.

A Vicente lo mató la violencia que una empresa poderosa como Coto ejerce sobre sus empleados para que defiendan su mercadería, a los golpes si es necesario, bajo amenazas de despidos y sanciones. Alfredo Coto, su dueño, posee la cadena más importante de supermercados nacionales, con más de 120 sucursales. Con una fortuna de 1.100 millones de dólares y una facturación anual de 53.000 millones pretende que sus empleados sean patovicas de la mercadería contra todo intento de hurto. Cuando existieron peligros de puebladas como en la crisis del 2001, exigió a sus empleados que pernoctaran en los locales munidos de palos de hockey para defenderlos de posibles asaltos.

A Vicente lo mató la violencia represiva con que la empresa de Seguridad Dogo Argentino, contratada por Coto y dirigida por ex policías forma a los vigiladores para que defiendan a los golpes y a tiros, si es necesario, la propiedad de las grandes empresas y supermercados, aun de pequeños hurtos de los que no tienen para comer. Solo en la Ciudad de Buenos Aires hay 560 empresas de seguridad y 22.400 vigiladores habilitados para tareas de seguridad, 900 de los cuales pueden usar armas.  Con la desocupación y la crisis las empresas de seguridad privada se tornaron un negocio floreciente.

A Vicente lo mató la Doctrina Chocobar de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Cuando la ministra otorga impunidad a las fuerzas de seguridad que mata por la espalda o a patadas está alentando a que esta doctrina se extienda también a las fuerzas de seguridad privada que hoy equiparan en número a las de la policía en la Ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 26.000 policías, un promedio de 873 por cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica las recomendaciones de las Naciones Unidad de 300 por cada 100.000. Junto a la seguridad privada son casi 50.000 personas dedicadas a tareas de vigilancia.

Represión y violencia son las respuestas del gobierno y los empresarios a una población cada día más empobrecida y postergada. La reacción de los vecinos de San Telmo, sin embargo es un llamado a no naturalizar la violencia que la política de ajuste y hambre de este gobierno provoca sobre la población.