Conmemorando el 28 de septiembre, día internacional por el derecho al aborto, las mujeres de todo el país organizaron actividades y se movilizaron reclamando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Escribe: Malena Zetnik

Mientras se organizaban actos y movilizaciones en todo nuestro territorio, en la Ciudad de Buenos Aires, cientos de organizaciones y trabajadores/as de la salud de todo el país participamos de una gran actividad frente al Congreso de la Nación para apoyar el proyecto de ley por el derecho al aborto legal, presentado por quinta vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Sucede que, a pesar del apoyo de la mayoría de la sociedad y de la muerte evitable de miles de mujeres por la clandestinidad del aborto, el proyecto no ha sido tratado y corre riesgo de perder, nuevamente, estado parlamentario. Lo cierto es que, aunque el proyecto cuente con el apoyo de diputados de casi todos los bloques (salvo del Frente Renovador del pesidenciable Sergio Massa), las jefaturas de todas los partidos firmantes, a excepción de los diputados del Frente de Izquierda que llevan la reivindicación como bandera, se han manifestado rotundamente en contra de este derecho, comenzando por la presidenta Cristina Fernández, quien además impulsó la reforma del artículo 19 del Código Civil (ver recuadro).

Con la Iglesia sí, con las mujeres no

Aunque en Argentina existen modalidades de abortos no punibles conferidas en el artículo 86 del Código Penal y refrendadas por un protocolo de la Corte Suprema de Justicia, los trabajadores de la salud señalaron en esa jornada la gran dificultad para garantizar ese derecho. Existen hospitales donde toda la planta médica es objetora de conciencia (por razones religiosas se excusan de realizar los abortos legales) y siguen existiendo trabas burocráticas y de desinformación, que obstaculizan el derecho de las mujeres. Claramente, la intromisión de la Iglesia en la salud pública y en la educación, forma parte de una política que se viene fortaleciendo desde la asunción del Papa Francisco y atenta contra las mujeres. Los gobiernos siguen encarcelando a mujeres que deciden abortar en situaciones de aborto no punible, como el caso de Jujuy o las llevan a situaciones de extrema revictimización como fue el caso de la niña violada de Moreno a la que no le permitían abortar. En todos los casos, las más afectadas son mujeres jóvenes y pobres.

Por eso, en este Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en Salta los días 11, 12 y 13 de octubre, tenemos que poner en pie un gran plan de lucha para terminar con las muertes de mujeres.

Basta de abortos clandestinos. Las mujeres necesitamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos es nuestra bandera.

Un código reaccionario

Se acaba de aprobar el nuevo Código Civil y Comercial. Cristina lo había presentado demagógicamente hace dos años, como la “gran innovación que iba a garantizar la ampliación de derechos”. Pero la realidad es que no hay ninguna progresividad. Por el contrario, se trata de un texto profundamente reaccionario.

Además de la tremenda regresividad del artículo 19 votado “a medida” de la Iglesia Católica (ver columna), el nuevo Código es antiobrero. Le da carta blanca a una ampliación aún mayor de la tercerización laboral, que ahora podrá funcionar bajo la cobertura legal de la “franquicia”. E iguala las jerarquías del Código con las leyes del trabajo. Esto significa que habrá innumerables situaciones que hasta hoy caían dentro del ámbito del derecho Laboral y ahora pasarán al Civil o Comercial, profundizando las ya desiguales condiciones en que los trabajadores se ven obligados a ir a la justicia contra las patronales. También “pierden” derechos específicos los consumidores, obligados desde ahora a litigar como “iguales” ante los pulpos monopólicos. El nuevo Código también dificulta más a los particulares que quieran litigar contra el estado. Un regalito a medida para cubrir a los propios ex funcionarios kirchneristas. Por dar un ejemplo, con este nuevo Código tendrían infinitamente más trabas para acusar a Jaime las víctimas de masacres como la de Once.

“Afuera del Código” quedaron todos los derechos “nuevos” que se presentaban como los que le iban a dar un barniz “progresista y moderno” a esta nueva legislación. Detrás de la defensa sacrosanta y absoluta de la propiedad privada, fue eliminada cualquier mención a los derechos al suelo de los pueblos originarios, los habitantes de barrios de emergencia, o, incluso, algo tan elemental como el derecho al agua. En síntesis, un nuevo Código hecho a medida de las necesidades de las patronales contra los trabajadores, de los pulpos saqueadores contra los pueblos que luchan por su ambiente y de los funcionarios corruptos. Y, por supuesto, de la siempre infaltable Iglesia Católica.

José Castillo

El artículo 19 contra las mujeres

La reforma del artículo 19 del Código Civil muestra el ataque del kirchnerismo a los derechos de las mujeres y su claro compromiso con la Iglesia Católica. El viejo Código definía a la “persona jurídica”, es decir, sujeto con derechos y obligaciones, partir del nacimiento con vida. En cambio, el nuevo Código, lo hace a partir de la concepción. Esta modificación fue cuestionada por una gran cantidad de organizaciones científicas que señalaron la confusión entre el inicio de la vida como hecho biológico y la existencia de una persona como concepto jurídico. Más allá de las disquisiciones científicas, lo que está claro son los graves alcances en cuanto a la restricción de los derechos de las mujeres, sobre todo en relación al aborto, donde las penas podrían pasar a ser entre 8 y 25 años al considerar la interrupción del embarazo como asesinato.

M. Z.