En su reciente viaje a México, el electo presidente Fernández se pronunció contra la penalización del aborto y lo nuevo fue que dijo por primera vez que el estado debería garantizarlo. Pero, siendo él quien asumirá el próximo 10 de diciembre, no habló de plazos concretos, ni tampoco dijo cómo hará para revertir la mayoría “celeste” que hoy tiene el Congreso y de la que las bancas del Frente de Todos forman parte. Por eso, hay que seguir en las calles, movilizadas, enfrentando a los antiderechos para que el aborto sea ley. 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincial por Buenos Aires. Izquierda Socialista/FIT

“El aborto nunca debió haber sido un delito” respondió Alberto Fernández ante una pregunta del público en su conferencia realizada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 5 de noviembre. Y aclaró que considera que el estado tiene que garantizar el acceso al aborto en condiciones de asepsia. Sin embargo, no explicó por qué en los doce años de gobierno del peronismo kirchnerista, en los que él fue jefe de gabinete durante un gran período, el tema fue rechazado de plano, tanto por Néstor Kirchner como por la actual vicepresidenta electa Cristina Fernández y futura presidenta del Senado. Más aún, mantuvo silencio sobre el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Recordemos que este no solo plantea la despenalización del aborto voluntario, es decir, que deje de considerarse un delito, sino que también propone su explícita legalización en el sistema de salud para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan alcanzar la práctica en las mejores condiciones, junto con la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos. 

Para legalizar el aborto, hay que romper con la Iglesia 

Hoy el mayor escollo para lograr la legalización del aborto sigue siendo el mismo: la voluntad política de los partidos mayoritarios patronales (peronistas –K o no K-, PRO, UCR) para el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley presentado por octava vez este año en el Congreso. En las calles, durante todo 2018 quedó claramente expresado que un amplio sector de la población acuerda en la necesidad de terminar con las muertes evitables, los abortos clandestinos y la criminalización de las mujeres. Pero haciendo oídos sordos a las calles, Alberto Fernández llenó sus listas de candidatos y candidatas con pañuelos celestes, es decir, de referentes antiderechos aliados a las iglesias.

Por eso, no basta con pronunciarse a favor del derecho al aborto en una conferencia de prensa, sino que es necesario, y más con la responsabilidad que tiene, que sea claro en cómo lo garantizaría. A su vez, debería tener un posicionamiento firme de ruptura con la iglesia católica y el Papa Francisco. Pero hace lo opuesto. Entonces ¿En qué quedamos?

Reclamamos que empiecen por romper los lazos y los compromisos que sus diputados/as y senadores/as tienen con las iglesias, en especial, con la iglesia católica. Ese sería un punto inicial fundamental para que se apruebe el proyecto de ley. Pero no lo hacen. Para votar presupuestos de ajuste al pueblo trabajador, usura y deuda externa, los partidos patronales no dudan en bajar línea a sus legisladores/as y disciplinarlos a las decisiones de los bloques. Sin embargo, ante los sentidos reclamos de las mujeres se excusan detrás de las “opiniones” y “decisiones personales” de cada uno/a, con la trampa del argumento de “libertad de conciencia” ¡Basta de hipocresía y doble discurso de Fernández! La única manera de garantizar que el aborto no sea un delito y que se considere un asunto de salud pública es #QueElAbortoSeaLey. Desde el movimiento feminista debemos seguir organizadas e impulsando la movilización para conquistar este y cada uno de nuestros derechos.