Ausente en la Ley para Erradicar, Prevenir y Sancionar la violencia contra las mujeres, el derecho al aborto constituye una de las impostergables deudas que los gobiernos tienen con las mujeres.

Se calcula que una de nosotras muere cada día por no poder acceder a una interrupción del embarazo en condiciones óptimas, y otras miles, permanecen con secuelas o discapacidad permanente. La clandestinidad no impide que los abortos se practiquen, pero empuja a la muerte y a la enfermedad a las mujeres más pobres que no pueden acceder a las costosas clínicas privadas que los realizan.

El aborto clandestino constituye, entonces, una de las formas más atroces de violencia contra las mujeres, y podríamos agregar, contra las mujeres pobres.

Como lo hicimos el 3J, reclamamos: Ni una menos por abortos clandestinos y que se incorpore a la Ley 26485. Aborto legal, seguro y gratuito, ya!