¡Todo el apoyo a la Casa que Abraza! ¡Todo el apoyo a las ferroviarias del Sarmiento!

Escribe Mónica Schlotthauer - Diputada Nacional electa por la provincia de Buenos Aires

En la Argentina muere una mujer cada 26 hs. víctima de la violencia machista. Y esto no es casualidad. En esta sociedad capitalista y patriarcal, las mujeres somos víctimas de la violencia machista y el capitalismo utiliza diferentes formas de opresión como ésta para asegurar perpetuarse como sistema. Con las mujeres, no escatima en que la opresión se exprese en violencia sexual, física, económica, psicológica o económica.

Tanto el gobierno de Cristina como el de Macri, no fueron ni serán, los gobiernos que garanticen el cumplimiento de los derechos de las mujeres, porque gobiernan para los de arriba. La justicia, también capitalista, patriarcal y machista, es la que hace oídos sordos ante cada denuncia de maltrato y actúa solamente por la presión de la movilización.

En los últimos años con el precedente único y mundial de los ENM y el fenómeno del #NiUnaMenos, ha quedado claro que las mujeres le decimos basta a las violencias y femicidios. Vamos todas juntas a un nuevo encuentro, a reclamar organización, coordinación y plan de lucha, que nuestras discusiones no queden invisibilizadas ¡Impulsemos acciones unitarias el 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres! Por presupuesto real para luchar contra la violencia de género. Libertad para Victoria Aguirre y justicia por Romina Ríos, Carla Vallejos y todas las mujeres víctimas de femicidio. Inicio inmediato de un plan y otorgamiento del 0,1% del PBI por 10 años para el cumplimiento de la ley 26.845 de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Creación de al menos 1 refugio en cada municipio por cada 50.000 habitantes o fracción no menor de 5.000 habitantes para mujeres víctimas de violencia de género en situación de peligro de vida y creación de 1 centro de atención integral a las mujeres por cada 50.000 habitantes o fracción no menor de 5.000 habitantes en cada municipio que garantice asistencia psicológica, patrocinio legal gratuito y capacitación laboral. Eliminación de atenuantes como «emoción violenta» en casos de femicidio.