Las mujeres venimos protagonizando grandísimas luchas en todo el mundo, en un contexto de ascenso del movimiento feminista. Claro ejemplo fue el 8M, día internacional de la mujer trabajadora, cuando millones de mujeres trabajadoras y de los sectores populares copamos las calles de más de cincuenta países y cuatrocientas ciudades. Desde la India hasta el Estado Español, desde Turquía hasta Argentina, demostramos ser vanguardia en la pelea contra los planes de ajuste de los gobiernos, levantando las históricas reivindicaciones por la igualdad salarial y contra la discriminación en los lugares de trabajo. Salimos a luchar por los derechos que nos falta conquistar y contra la violencia machista en todas sus formas.

En Argentina la violencia de género no da tregua. No solo las cifras de femicidio aumentan cada vez más, sino que miles de mujeres están desaparecidas en nuestro país y solo sus familiares las buscan. 3.231 es el número de casos de mujeres registradas de quienes se desconoce su paradero entre 1990 y 2013, según un informe presentado en 2016 por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y la asociación civil Acciones Coordinadas Contra la Trata. Sin embargo, estos números son solo el piso, a juzgar por la cantidad de denuncias que salen a la luz a través de las redes sociales como el caso reciente de Araceli Fulles, quien desapareció en San Martín, Provincia de Buenos Aires. En muchos casos hay evidencia de la existencia de redes de trata o de femicidios, cuyos responsables permanecen impunes. En muchos otros la policía y la justicia se niegan a buscarlas, argumentando que se fueron por propia voluntad o que tenían un comportamiento irresponsable.

En este contexto ubicamos al femicidio de Micaela García, la joven entrerriana, militante popular y feminista que conmocionó al país entero. Repudiamos cómo intervino el juez Rossi, que liberó al violador Wagner sin tener las pericias suficientes y exigimos su destitución, al igual que la cárcel para el femicida. Pero responsabilizamos también a todo el sistema judicial y policial, instituciones fundamentales de la sociedad patriarcal en la que vivimos que, junto con otras instituciones como la Iglesia, legitiman y perpetúan la violencia machista, la culpabilización de las víctimas y la impunidad de los victimarios.

Denunciamos que el principal responsable es el gobierno que no declara la emergencia nacional en violencia de género y destina un escaso presupuesto para la ley 26.485 de erradicación de la violencia contra las mujeres. Macri gasta 2.000 millones de pesos para comprar armas y reprimir a quienes salimos a luchar, pero destina solamente $4.21 por mujer para las políticas y programas del Consejo Nacional de Mujeres. Por eso también decimos que, Fabiana Túñez, su presidenta, se tiene que ir.

Ante la profundización del ajuste, la represión y la escalada de violencia machista debemos seguir organizadas y en las calles, contra los planes de ajuste de los gobiernos capitalistas y contra los femicidios, las violaciones, las redes de trata y el aborto ilegal. Con el impulso que nos vienen dando las movilizaciones y el Paro Internacional de Mujeres del pasado 8 de marzo, tenemos que seguir luchando para terminar de una vez con la opresión y explotación que vivimos la mayoría de las mujeres, uniendo la lucha feminista a la de la clase trabajadora, especialmente con las docentes que están en lucha, y con los demás sectores oprimidos para conquistar una salida de fondo anticapitalista, antipatriarcal y socialista en todo el mundo.