El pasado 10 de julio se inició la segunda etapa de la pelea por la legalización del aborto. Ese día se realizó la primera reunión plenaria de comisiones en las que se está discutiendo el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que logró la media sanción en la cámara de diputados tras la gran movilización de la ola de mujeres.

Durante cuatro semanas, los 72 senadores tienen la posibilidad de invitar hasta dos expertos en el tema para aportar a la discusión del proyecto de ley. Aunque en la cámara de diputados ya disertaron 734 que dieron todos los argumentos posibles sobre el tema, ya sea a favor como en contra, los sectores vinculados a la iglesia quieren dilatar el debate con más presentaciones.

Además del proyecto aprobado en diputados, hasta el 1 de agosto, fecha en la que se debe votar el proyecto en el plenario de comisiones para luego ser votado finalmente en el recinto de todos los senados, se presentaron otros proyectos. Uno de ellos es el que presentó Pinedo (Cambiemos) que se limita a modificar el Código Penal para atenuar las penas en los casos de aborto. Otro proyecto, también de Pinedo y de la senadora Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino) propone la creación del programa “El Estado se Hace Cargo y te Acompaña” y presenta coincidencias con el de Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) de “Protección de la Mujer con Embarazo No Deseado”. Ambos proponen que las mujeres sigan adelante con los embarazos, aunque no sean buscados. Sin embargo, estos proyectos no tendrán prioridad y el 1 de agosto los senadores que participan del plenario de comisiones tienen que resolver sí o sí, al menos un dictamen.
Sin embargo, los temas más importantes que se están discutiendo en la actualidad en la cámara, son las modificaciones al proyecto girado por diputados. Un punto muy controversial es el intento de modificar el modelo de objeción de consciencia individual que propone el proyecto que cuenta con media sanción. Tras la declaración pública de un grupo de clínicas y hospitales privados vinculados a la iglesia, algunos senadores proponen incluir la objeción de consciencia institucional para negarle el derecho a las mujeres al ser exceptuadas de la práctica. A este reclamo también se sumó la CGT, diciendo que las clínicas de sus obras social también rechazarían el derecho al aborto, aunque, tras el repudio generalizado y la movilización frente al edificio emblemático de la calle Azopardo, la cúpula burocrática debió retractarse.
Otro tema que se debate es el alcance del causal salud al momento de requerir la interrupción después de las 14 semanas. El proyecto plantea que la salud debe ser considerada como integral lo que incluye no solo el peligro de vida de la mujer sino también la afectación de su salud mental y sus relaciones interpersonales. Sin embargo, desde los sectores antiderechos pretenden restringir este causal a la salud física.
En cuanto a la cuestión de la edad para el acceso de las personas gestantes al aborto, el proyecto actual habilita que a partir de los 14 años, conforme al Código Civil y tratados internacionales suscritos por el estado argentino, la persona tiene derecho a solicitar la interrupción sin informarle a sus padres. También la Iglesia y sus senadores se oponen a ello. Finalmente, otro punto relevante en la discusión es la cantidad de semanas máximas para solicitar el aborto voluntario. Algunos senadores plantean bajarlo de 14 a 12 semanas.
No obstante desde Isadora-Mujeres en Lucha queremos señalar que todos estos debates no son ingenuos. En este momento de la discusión, cualquier modificación del proyecto en la Cámara de Senadores significará su vuelta a la Cámara de Diputados y, por lo tanto, que el próximo 8 de agosto no se apruebe el proyecto. Por eso somos contundentes. Le exigimos a los senadores que aprueben el proyecto tal cual fue votado en la Cámara de Diputados. Necesitamos el aborto legal ahora y la voluntad de la mayoría ya se hizo sentir en las calles. Y lo vamos a repetir con creces el próximo 8.