En Argentina desaparecen 600 mujeres por año que son capturadas por redes de trata para su explotación sexual y/o laboral. A fines del año pasado, después del vergonzoso fallo que absolvió a todos los imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón, diferentes agrupaciones y partidos políticos salieron a reclamar en distintos puntos del país.

En menos de una semana, se llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional para aprobar la reforma de la ley de trata (que había sido cajoneada desde agosto de 2011).

Por medio de este manotazo, se eliminó el concepto del consentimiento de la víctima, se aumentaron las penas de 3 a 4 años la mínima y se descartó la probation en caso de dar datos sobre el delito. Se diseñaron dos organismos: el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Sin embargo, todo ese cambio no es más que papel, ya que la nueva ley no fue reglamentada. Es decir, no se aplica.

Las mujeres víctimas de trata son revictimizadas

En el sexto juicio por trata que tuvo lugar en Santa Fé en septiembre pasado, la jueza María Ivón Vella fundamentó en su fallo absolutorio de los seis implicados, que la mujer menor de edad víctima de secuestro y explotación sexual, aparecía en las fotos de una forma que no se compadecía con la situación de abuso y encierro que dijo haber sufrido. Este año también se demostró otra vez la importancia de la “pata” política cuando Carlos Villalba, intendente de la ciudad salteña Salvador Massa, fue sorprendido en un prostíbulo durante un allanamiento y dijo que pensaba que era una casa de familia.

Los fallos absolutorios de todos los implicados en los casos de trata, la policía partícipe y los políticos que son responsables pasiva o activamente, dan el marco de impunidad necesario para que se pueda secuestrar, amenazar, vejar, ultrajar y violar los derechos humanos de las mujeres.

¡Desmantelamiento ya de las redes de trata!

Desde la sanción en 2008 de la ley 26.364 fueron rescatadas 5.729 mujeres. Pero a pesar de las judicializaciones, no se desmanteló ni una –NI UNA- red de trata. No se condenó a ningún/a responsable, solo a algún que otro volantero o alguna madama.

Los gobiernos municipales, provinciales y el gobierno nacional son cómplices, partícipes y por ende responsables, de que en Argentina sigan desapareciendo mujeres. Por eso decimos que el Estado es el principal proxeneta.