En la industria automotriz crecen las suspensiones, e incluso despidos en algunas autopartistas. La burocracia del Smata los deja correr. El gobierno juega al doble discurso "peleándose" con las empresas por "encanutar" autos, pero deja las manos libres a las patronales para ir contra los trabajadores.
Por José Castillo

Hasta hace poco tiempo, cuando Cristina hablaba del "modelo de redistribución de la riqueza con reindustrialización", mostraba como ejemplo estrella al sector automotriz. Era una mentira más entre tantas. Se trata de una rama compuesta por un 100% de terminales extranjeras. Muchas
autopartistas también tienen ese origen. Además, importan piezas y componentes por un valor muy superior a lo que exportan. Todo su "negocio"
consiste en que el gobierno le garantice su lugar privilegiado en los acuerdos del Mercosur, dividiendo, según les convenga, sus plantas entre
Argentina y Brasil. Hoy ese "sector exitoso" vive una crisis, ya que de producir más de 500.000 vehículos en 2013, pasaron a 400.000 en 2014, y se calcula que producirán 133.000 menos aún en 2015.

Por supuesto que las patronales no están dispuestas a resignar un centavo de sus superganancias, y ya han empezado a descargar sus problemas sobre las espaldas de los trabajadores. Las terminales PSA (Peugeot-Citröen), Volkswagen, Iveco y Fiat están llevando adelante una política de suspensiones, afectando más de 15.000 trabajadores (entre afiliados al Smata y la UOM), con recortes salariales de un 65% promedio.
Sumémosle las suspensiones que realizaron meses atrás Honda, Renault y General Motors. Esto a la vez se expande a un número grande de autopartistas, que toman medidas similares. Al mismo tiempo, el sector ya lleva registrados este año 800 despidos, más un plan de "jubilaciones
anticipadas" de Volkswagen y otro similar que podría implementar Renault en el futuro próximo. El propio burócrata Pignanelli reconoció que esta situación va a continuar hasta fin de año y no se descarta que se repita en 2015.

Frente a esto, empresarios y gobierno se tiran la pelota mutuamente. Las empresas aducen que bajó la demanda, en parte porque se exporta menos a Brasil, y en parte por la propia caída de la demanda local. Le agregan a esto que el gobierno no les autoriza los dólares para importar piezas y autopartes, lo que de hecho les paraliza la producción. El gobierno les responde que ya les dieron beneficios adicionales con el Pro.Cre.auto y que las terminales están "encanutando" los autos para venderlos más caros en el futuro.

La realidad es que se trata de una industria extremadamente favorecida por el kirchnerismo durante todos estos años. Todas las terminales
recibieron subsidios, ventajas impositivas vía el Mercosur, e incluso se les pagó parte de los sueldos de los trabajadores con el plan Repro durante 2008/2009. Hasta se llegó al escándalo de que se utilizara al Anses (¡la plata de los jubilados!) para otorgarle un crédito a General Motors.

Ahora el gobierno hace "pirotecnia verbal". Pero no toma una sola medida para proteger a los trabajadores. Por el contrario, en una nueva y canallesca expresión de su doble discurso, deja correr las suspensiones y, en complicidad con la burocracia sindical, hasta avala los despidos, como sucedió recientemente en Gestamp y Lear.

Frente a la crisis del sector se impone la salida que planteamos desde el Frente de Izquierda, y que expresamos en nuestro proyecto legislativo en el Congreso Nacional y las legislaturas: prohibir por ley las suspensiones y despidos. Que toda empresa que suspenda, despida o cierre, sea expropiada y puesta a funcionar bajo el control de sus trabajadores. Y se repartan las horas de trabajo entre toda la fuerza laboral disponible, con igual salario. Esto, como parte de un plan para "reindustrializar" de verdad  el sector automotriz, promoviendo autopartistas locales para aumentar el empleo y terminales nacionalizadas que vuelvan a producir "autos argentinos" y no, como hoy, sólo una plataforma exportadora de los pulpos transnacionales.