Escribe: Simón Abreu

El 23 de agosto a la mañana, unos setenta productores de frutas de Río Negro y Neuquén repartieron 10 toneladas de manzanas y peras en la Plaza de Mayo, protestando por la crisis que atraviesan, estrangulados por un oligopolio de distribución que paga precios por debajo de los costos de producción.

Las personas se aglomeraron ocupando varias cuadras para obtener dos o tres peras y manzanas sin costo, pero al cabo de una hora ya se había agotado la fruta. Macri se negó a recibirlos y lo hizo, al día siguiente, el Ministro de Agricultura Ricardo Buryaile.

Esta crisis se produce porque los precios que paga el oligopolio comercial de la distribución actualmente son apenas 3 pesos por kilo de manzana y 2,10 pesos por kilo de pera, por debajo de los costos de producción, de 4,5 pesos por kilo. Los precios para el consumidor son entre 10 y 15 veces más altos. A la par de esto, crece la importación de frutas desde Chile, subiendo a 700 mil kilos de enero a julio, más de seis veces la importación durante el mismo período del año pasado.

La demagogia del gobierno empresarial de Macri y su supuesta política para mejorar la competitividad y apuntalar el crecimiento del sector de los alimentos se estrelló contra la realidad. Entre enero y junio, la producción de alimentos cayó 5,6%, y el sector lechero también anuncia protestas. Los altos precios castigan a la población empobrecida por el ajuste, pero para los pequeños productores los precios que pagan las cadenas comerciales bajan. Mientras Macri devalúa la moneda y otorga exenciones de impuestos a los grandes pulpos exportadores del campo, asfixia a los pequeños productores, unos cien mil minifundos familiares. El sector frutícola de peras y manzanas en Río Negro y Neuquén emplea a más de 60 mil trabajadores. Solo el 4,8% de los productores tienen chacras de extensión mayor a 50 hectáreas, y concentran el 44,1% de la extensión cultivada en el Valle de Río Negro. El 95,2% de los productores restantes son pequeños propietarios con chacras de 8 a 50 hectáreas, a ellos corresponde el 50% de la producción de peras y manzanas y más de dos mil se encuentran en riesgo.

Cinco empresas controlan férreamente el 75% de las exportaciones, pues son propietarias de la infraestructura para la refrigeración y el empaque, así como las conexiones con mercados extranjeros. Entre ellas se destaca el grupo belga Univeg (Expofrut), el grupo italiano G.F. (Moño Azul, Liguori) y los argentinos San Miguel y Citromax y Kleppe. Como parte de la crisis mundial del capitalismo, la desaceleración de la economía china, la recesión brasileña y la devaluación del rublo ruso han incidido negativamente en las exportaciones. Cuatro cadenas internacionales controlan el 70% de los alimentos que se comercializan dentro del país. Estos sectores concentrados son los que ven sus intereses protegidos por el gobierno macrista.

Durante el menemismo, Cavallo pronosticaba que desaparecerían unos doscientos mil pequeños productores agrícolas. Las políticas oficiales desde entonces se han encargado de hacer que se cumpla el pronóstico. Con cada crisis del sector fruticultor en los últimos años ha habido protestas, como los tractorazos durante el período kirchnerista, que se han saldado con subsidios o exenciones tributarias. Medidas que no tocan el modelo que se viene imponiendo de concentración de capitales, orientado fundamentalmente a la exportación.

La ruina de los pequeños productores ha llevado al abandono de miles de chacras. Algunas son vendidas a empresas inmobiliarias, o pasan a ser absorbidos por latifundios improductivos. Toneladas de manzanas y peras que podrían ir a los hogares y comedores populares, lamentablemente se pudren en las chacras abandonadas de Río Negro y Neuquén. El año pasado se perdió aproximadamente la tercera parte de la cosecha de peras y manzanas, y en la última temporada se cosechó menos 250 millones de kilos.

Es necesaria una política estatal instrumentada mediante una Junta Nacional de Frutas que, a diferencia de lo realizado por el kirchnerismo y el macrismo, se oriente a garantizar a los pequeños productores acceso a un precio sostén que les permita seguir produciendo e imponga mejoras a las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores rurales, eliminando el trabajo en negro y una intermediación comercial que se queda con el 90% del precio final. En vez de subsidiar y quitar impuestos a las transnacionales petroleras y mineras, se podría subsidiar a los pequeños productores con créditos baratos y acceso a tecnología. Las frutas llegarían a las mesas de los hogares y comedores populares a bajo precio, se incrementaría así el consumo por persona por año, que es inferior a los 10 kgs. Todo ello es factible y forma parte del programa que propone Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda para impulsar los cambios de fondo que requiere nuestro país.