Escribe Laura Marrone Legisladora porteña de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires

Cambiemos quiere hacernos creer que garantiza el acceso a la salud para todos, cuando se trata justamente de lo contrario: una virtual liquidación del sistema público universal de salud.

El decreto 908/2016, bajo el título de “Cobertura universal de salud” (CUS), ha sido presentado como un proyecto cuyo objeto sería hacer llegar los beneficios de la salud a toda la población resolviendo las carencias actuales del sistema sanitario. Su lectura permite ver sus reales objetivos: por un lado, la devolución de fondos de las obras sociales que arbitrariamente retenía el gobierno nacional a cambio de que los burócratas sindicales dejen pasar la reforma laboral. Y por otro lado, la asignación de parte de esos fondos, unos 8.000 millones de pesos, “por única vez”, “a la financiación de la estrategia de la Cobertura universal de salud”. El decreto establece que esa suma quedará bajo el control compartido del gobierno nacional y la CGT.

En una carta abierta publicada por el diario El Tribuno de Salta (7/8/2016), Macri anunció a dónde irá esa suma: “Destinar 8.000 millones de pesos a los hospitales y vamos a mejorar el sistema para que puedan cobrarles a las obras sociales de una manera rápida y fácil”.

En este sentido, el ministro de Salud de la Nación, Doctor Jorge Lemus, agregó que para que el sistema de Cobertura universal de salud tenga éxito “es absolutamente necesario” complementarlo con dos herramientas de las que hoy se carece. La primera es que el sistema de atención pública sea capaz de facturar sus prestaciones, por medio del carnet de la obra social, en el caso de los que tienen cobertura, y de la credencial inteligente que se implementará para los carentes de cobertura. La segunda herramienta será un organismo designado por el Poder Ejecutivo que defina los tratamientos y procedimientos médicos para determinar su utilidad y la relación entre el costo y la efectividad, y si ingresan o no a la CUS. De cumplirse lo dicho por Lemus, el decreto 908/2016 consolidará la desigualdad en el ejercicio del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente –con el estigmatizante “carnet de pobre”– y habilitaría el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios.

Este decreto revela su sentido cuando se lo considera en conjunto con la ley 17.102/66 llamada Ley Samic. Promulgada por el Dictador Onganía en 1966 y aún vigente, sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado sobre la base del cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Quienes impulsan esta política privatista esconden mencionar el ejemplo paradigmático de los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta se cuentan por decenas de millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud.

La CUS profundiza y consolida la fragmentación e irracionalidad de nuestro ya muy deteriorado sistema de salud y genera mayor desigualdad al establecer el “carnet de pobre” y las “canastas de servicios” de acuerdo a la capacidad de pago. Desde el Frente de Izquierda nos comprometemos a rechazarlo en el Congreso Nacional y en todas las legislaturas, y a movilizarnos junto con los trabajadores de la salud y la comunidad para impedir su implementación y lograr su derogación. ¡Salud pública universal para todos! ¡Plata para el presupuesto de salud, no para pagar la deuda externa!

Presentación de Juan Carlos Giordano

Proyecto en defensa de la salud pública

El diputado nacional Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el FIT, presentó un proyecto de ley de emergencia de salud pública. En él se establece la creación del Sistema Nacional Único de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que reunirá la totalidad de los establecimientos sanitarios nacionales, provinciales, municipales y también los establecimientos del sector privado, que serán expropiados sin indemnización alguna. Se incluye en el mencionado sistema a las obras sociales sindicales y el PAMI. Todo el personal que presta servicio en estas dependencias pasará a ser planta permanente del Estado nacional. Para todo ello se unificarán los presupuestos actuales de todas las jurisdicciones en un fondo único que será financiado, entre otros recursos, con el no pago de la deuda externa.

Con la centralización de las instalaciones, los recursos físicos, tecnológicos y humanos obtendremos un verdadero sistema de salud pública y gratuita que garantice atención de calidad al pueblo trabajador en todo el país.