Escribe Guido Poletti

Desde hace décadas los grandes negociados pasan por los sobreprecios, los contratos truchos, las inversiones prometidas y nunca realizadas, y otras mil y una “avivadas” que hacen al negocio de la obra pública. Ahora quieren “despegarlas” de los escándalos de la corrupción.

No es algo nuevo. Ya en la época de la dictadura surgieron grandes grupos económicos, como Perez Companc, Roggio, Techint, Macri o Fortabat, que se aprovecharon de las obras faraónicas de entonces (los estadios del Mundial ´78, las autopistas y los grandes contratos de recolección de residuos). Esto siguió en la década siguiente, con Alfonsín, la mayoría de ellos ganaron como contratistas de las entonces empresas del Estado. Siguieron con Menem, muchos de ellos metiéndose como socios menores en las privatizadas y, coimas mediante, entrando en cuanta contratación existía.

La corrupción no es un fenómeno “propio” de los años kirchneristas. Los grandes grupos económicos juegan a esto desde hace mucho. En cada gobierno tienen que compartir el botín con los empresarios “nuevos” que cada gobierno les pone al lado para favorecer. Así, Menem tuvo su Yabrán, los Kirchner sus Cristóbal López, Lázaro Báez y Gerardo Ferreyra. A ello le tenemos que agregar un dato novedoso: la “internacionalización” de la corrupción de la obra pública, con la aparición de transnacionales como la brasileña Odebrecht.
El escándalo de los “cuadernos” volvió a poner sobre el tapete el desmadre de la corrupción kirchnerista. Frente a las denuncias y las revelaciones que surgen día a día, nosotros no tenemos ninguna duda: que todos los culpables vayan presos y sean obligados a devolver lo robado.
Es evidente que el gobierno y la Justicia hacen las mil y una maniobras para “despegar” a la familia del presidente Macri y sus empresas, cuando el Grupo Macri, a lo largo de toda su historia, participó plenamente de estas prácticas. Así sucedió cuando estatizaron su deuda, o cuando se aprovecharon de la mayoría automática de la Corte Suprema menemista para zafar de una causa de contrabando de autos. O cuando, más cerca en el tiempo, quieren evitar pagar las deudas del Corrreo Argentino. Actualmente hacen malabares para evitar que quede involucrada Iecsa, ex empresa de la familia presidencial, en los escándalos vinculados al soterramiento del Sarmiento.
Pero tanto el gobierno como la Justicia no pueden escapar ante la flagrante evidencia de coimas, de tener que investigar, junto con el coimero, al “coimeador”. Y ahí es donde queda pegada parte importante de la elite de los grupos económicos locales, pasando por Carlos Wagner (dueño de Esuco y titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Angelo Calcaterra (ex titular de Iecsa), Luis Betnaza (director corporativo de Techint), Armando Loson (Grupo Albanesi), Juan Chediak (también ex titular de la Cámara de la Construcción), Aldo Roggio (de su propio grupo), Héctor Zabaleta (ex director de Administración de Techint), Javier Sánchez Caballero (ex gerente de Iecsa), Jorge Guillermo Neira (gerente de Electroingeniería), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux Argentina), Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones) y Gabriel Romero (Grupo Emepa).
El gobierno de Macri, los jueces y las cámaras empresarias han puesto en juego entonces una justificación: que el límite de investigación de la corrupción es no poner en riesgo las futuras “inversiones”. En particular se refieren a los contratos de “participación público-privada” (PPP), la nueva forma que ha encontrado para que la obra pública pueda seguir generando negociados, con las propias empresas buscando financiamiento que luego será abonado por el Estado. Un sistema que fomenta incluso más que antes los sobreprecios y la corrupción en todo el entramado de la obra pública. Para que estos negociados puedan seguir realizándose plantean que no se debe confundir a un “directivo corrupto” de una empresa con la propia compañía. Así, Paolo Rocca de Techint, por ejemplo, podría “entregar” a su directivo Luis Betnaza, aduciendo que “la empresa no sabía nada”. En síntesis, se trata de salvar a las empresas y a sus verdaderos dueños, para que sigan robando.
Este mecanismo no es novedoso. Es tan viejo que, al final de la Segunda Guerra Mundial, se dijo que el hecho de que Mercedes Benz, Volkswagen o Bayer hubieran usado mano de obra esclava de los campos de concentración no afectaba “a las compañías”, sino a lo sumo a un pequeño núcleo de gerentes. Se trata del mismo razonamiento: ahora Techint, Roggio, el Grupo Macri y los otros dueños del negocio de la obra pública seguirán lucrando con el presupuesto de los argentinos y llevándose el dinero que debería ir a educación, salud o vivienda.
Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda afirmamos que los corruptos son todos, incluyendo a los empresarios y las propias empresas. Si una firma estuvo involucrada en un acto de corrupción debe ser expropiada, estatizada y puesta a funcionar gestionada por sus propios trabajadores. Y la obra pública debe ser realizada acorde con un plan que priorice las más urgentes necesidades populares y no, como hasta ahora, los negocios de un puñado de grandes empresas.