El gobierno lanzó una andanada de medidas para tratar de aparecer con una “agenda para la inseguridad”. Todas apuntando a más represión contra los sectores populares. Con más “mano dura”, llevada adelante por los mismos que hacen la vista gorda ante el narcotráfico, la trata y las zonas liberadas, no se dará un paso en garantizarle la seguridad al pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

La ministra Patricia Bullrich desempolvó un viejo proyecto: bajar la edad de imputabilidad de los menores a 15 años. Se trata de una medida reaccionaria y demagógica que busca colocar como tema de campaña a la inseguridad para esconder tanto las responsabilidades de este gobierno en el incremento de la inseguridad como su política de ajuste, los bajos salarios, la inflación que no cesa, los despidos y el pago de la deuda externa.
El planteo surge del mismo gobierno que quiere cerrar escuelas nocturnas y terciarios, que desfinancia los programas de atención para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y que sostiene una política económica que solo lleva al desempleo de los jóvenes a niveles astronómicos. Está en la misma línea de la compra de las pistolas Taser -definidas como instrumentos de tortura por las Naciones Unidas-, la legalización del gatillo fácil y la amenaza de deportación de miles de extranjeros.
Es mentira que al gobierno le preocupa solucionar la inseguridad. Si así fuera no apañaría a las distintas fuerzas de seguridad que son cómplices del narcotráfico, las redes de prostitución y de las zonas liberadas para el delito. Lo que busca es más mano dura para mostrarse fuerte y capaz de hacer pasar el feroz ajuste acordado con el FMI y pretender ganar el voto de un sector del electorado para su proyecto.
El gobierno de Macri saca a la luz el planteo de la baja de la edad de imputabilidad amparándose en que hay que modificar una ley de la dictadura y que, hace unos años, fue una propuesta del kirchnerismo. Efectivamente, en el año 2009 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó al entonces bloque mayoritario del Frente para la Victoria, quien junto con el radicalismo le dieron media sanción en el Senado a un proyecto similar al que ahora presenta Cambiemos, llamado “Régimen penal juvenil”, que incluía la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y que finalmente nunca se trató en la Cámara de Diputados. Por eso son una expresión más del doble discurso de los dirigentes kirchneristas el “repudio” generalizado que ahora realizan, cuando en su gobierno fueron ellos los primeros promotores de estos planteos. Un kirchnerismo que, recordémoslo, aún hoy tiene como máximo vocero en el tema de seguridad al ex secretario del área Sergio Berni, que se jactó de “matar personalmente delincuentes” o de haber participado en operativos represivos contra trabajadores en lucha en la Panamericana y en otros lugares.
Desde Izquierda Socialista/FIT somos claros: los trabajadores son siempre los grandes afectados por el tema de la inseguridad. Pero esto no se resuelve persiguiendo a los pibes en los barrios o lanzando propuestas de mano dura para tratar de meter el tema en la campaña electoral “a lo Bolsonaro”. Exigimos el desmantelamiento del aparato represivo que sostiene y apaña al delito. Promovemos la autoorganización de los vecinos en los barrios y la elección popular del comisario. Y con respecto a los jóvenes y adolescentes, exigimos más presupuesto para educación, más escuelas, programas sociales específicos y más puestos de trabajo. Para alcanzar todo esto lo que hace falta no es más “palos”, sino salarios dignos, trabajo, salud, educación y vivienda, objetivos alcanzables si dejamos de pagar la deuda externa y ponemos todos esos recursos al servicio de estas urgentes necesidades populares.