Alberto Fernández y sus economistas afirman que es posible “reperfilar” los vencimientos de deuda externa, acordar un nuevo programa con el FMI y, al mismo tiempo, mejorar los salarios y reactivar la economía. Imposible. La opción es de hierro: o el FMI y los pulpos acreedores o el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

Hay un punto donde el acuerdo es unánime. El gobierno de Macri, el nuevo presidente electo Alberto Fernández, todos los economistas (sean oficialistas u opositores), los consultores del establishment económico local e internacional, el propio FMI, todos, sin excepción, afirman que es imposible pagar los próximos vencimientos de deuda externa. Es algo que siempre sostuvimos desde la izquierda, pero que ahora se hace tan patente, que ya nadie lo niega. Es verdad: la Argentina tiene una deuda total (sumando lo que debe la Nación, las provincias y el Banco Central) que supera los 400.000 millones de dólares. Peor aun: en los próximos tres años vencen 150.000 (entre ellos los 45.000 que ya entraron del acuerdo con el Fondo). Y hasta podemos precisar más aún en el tiempo el problema: en los próximos seis meses vencen 30.000 millones de dólares (15.000 en dólares y la otra mitad en pesos).

Si a esto le agregamos que Fernández llegará a la presidencia con reservas casi nulas y un montón de vencimientos de bonos de deuda en pesos con vencimientos “pateados” para adelante por el macrismo, es más que obvio que no existe ninguna posibilidad de pagarlos. Por eso ya están abiertas todas las vías de negociación. Los economistas del Frente de Todos (Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Emmanuel Álvarez Agis y Guillermo Nielsen) ya se reunieron con los acreedores más importantes y tienen un pre-acuerdo para correr para adelante los próximos vencimientos de capital, garantizando a cambio pagar en tiempo y forma el 100% de los intereses y no hacer ningún tipo de quita. Los acreedores felices: las cotizaciones actuales de esos bonos (y el riesgo país), demuestran que ellos aún tendrían ganancias con una quita de hasta el 40%. Por otra parte, patear vencimientos para adelante, con estos intereses, quiere decir que esta deuda se duplicará en los próximos cuatro años.

Esta negociación, que se la denomina “a la uruguaya”, porque se busca mostrarla como similar a la que realizó ese país en 2003, obligará a nuestro país a un ajuste aún mayor al actual, para garantizar esos pagos de intereses. Poniéndolo en números: si hoy, con el ajustazo mediante, tenemos un déficit fiscal de -1%, será necesario pasar a un superávit de 3%. En números: de 16.000 millones de dólares por año: ¡más de un billón de pesos!

Pero este acuerdo tiene otro problema: el FMI no acepta ninguna negociación donde no sea “acreedor privilegiado”. Traducido: que primero cobrarán ellos y después el resto de los acreedores. Inclusive acepta que a los bonistas privados se les haga una quita, si es necesario para que primero cobre el Fondo. El FMI, por supuesto, también acepta una renegociación que haga correr hacia adelante los vencimientos. Pero sus exigencias para acordarlo son terribles: que el gobierno argentino se comprometa a poner en marcha un mayor ajuste, una reforma laboral y otra previsional.

Como vemos, ya sea que se termine negociando “primero” con los acreedores privados y luego con el FMI o, al revés, primero con el Fondo y después con los bonistas, en cualquiera de los dos casos se vendrá un feroz ajuste contra el pueblo trabajador. No existe ninguna posibilidad que se lleven adelante estas negociaciones y, al mismo tiempo, que haya mejores salarios, más empleo o más plata para salud, educación y vivienda. No habrá “reactivación económica”. El gobierno de Fernández terminará siendo el nuevo administrador del ajuste. Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos insistiendo en lo que planteamos en la campaña electoral: la deuda externa es ilegal, inmoral e impagable; si se la paga, se priorizan los pulpos acreedores por sobre el pueblo trabajador. La única salida es romper el acuerdo con el FMI, suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y, entonces sí, se tendrán los recursos necesarios para destinarlos a resolver las más urgentes necesidades populares.