Alberto Fernández viene insistiendo en que una de sus políticas prioritarias será para “combatir el hambre y la pobreza extrema”. A esto ha dedicado una parte significativa de sus reuniones en aras de un futuro pacto social, con la UIA, los burócratas sindicales y la dirigencia de los movimientos sociales, sobre todo a los ligados a la iglesia católica. Pero ninguna de sus medidas resolverá el drama de la pobreza en nuestro país.

Escribe Adolfo Santos

Por intermediación de Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, el pasado miércoles 13 Fernández se reunió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina con organizaciones de movimientos sociales como la CTEP, el Movimiento Evita, el Frente Darío Santillán o la CCC/PCR, entre otras. Uno de los temas centrales en debate fue el plan “Argentina contra el hambre”, que según el nuevo gobierno será “la primera política de Estado del siglo XXI”.

Daniel Arroyo, participante de esa reunión y futuro ministro de Desarrollo Social, explicó que el plan funcionará mediante una tarjeta que permitirá comprar alimentos a su portador: “El sistema beneficiará entre 1.800.000 y 2 millones de personas y el presupuesto, que este año fue de 27 mil millones, en 2020 será de 40 mil millones de pesos”. Como vemos, no alcanza a cubrir ni de lejos, al total de la propia población afectada. Primero, porque según informa el propio Arroyo, “hoy hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria”. Entonces, no queda claro cómo será atendido casi el 80% que quedarán por fuera del plan anunciado. Segundo, porque si consideramos una inflación anual, en 2019, de 55%, los recursos destinados por Fernández para combatir el hambre, serán proporcionalmente inferiores a los de Macri.

El plan “Argentina contra el Hambre” es completamente insuficiente. Veamos las declaraciones del propio Arroyo: “Argentina está yendo a una generación de chicos obesos y petisos […] 14% de los niños tienen lo que se llama inseguridad alimentaria severa […]”. El gobierno debe asistir con alimentos a la población más vulnerable de forma urgente, pero eso será apenas un paliativo si no se combina con medidas que combatan de verdad la pobreza.

Hay efectivamente que agrandar las partidas alimentarias. No sólo para los comedores populares. Las escuelas deben recibir presupuesto para que la comida que reciban los niños en ella garantice la nutrición suficiente. También deben aumentarse los montos de las asignaciones universales por hijo y, por supuesto, ningún desocupado debe quedar sin recibir una cobertura. Pero la real solución pasa por la creación de trabajo genuino. Para eso hay que lanzar un gran plan de obras públicas, que debe comenzar con la construcción de viviendas populares, escuelas y hospitales, o la refacción de los existentes.

Los burócratas sindicales ya abren el paraguas acerca de que no se debe esperar recomposiciones salariales que recuperen lo perdido. La excusa es que “la prioridad es el hambre”, contraponiéndola a las necesidades de los trabajadores. Somos claros: no hay real combate a la miseria si los salarios y las jubilaciones están por debajo de la línea de pobreza. Por eso, parte de esa “lucha contra la pobreza” requiere un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar.

Por supuesto que todas estas medidas requieren responder a una pregunta básica: ¿de dónde saldrá el dinero para financiarlas? La respuesta es simple y sencilla. Todo esto será posible si suspendemos inmediatamente los pagos de deuda externa y rompemos con el FMI. Por eso insistimos en la disyuntiva de hierro: plata para acabar con la miseria o para los pulpos acreedores. Esa es la cuestión.