Diputados dio media sanción a la “ley de alquileres” que regula las relaciones contractuales entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Un parche que lima algunos abusos pero que no soluciona la demanda habitacional. Desde la izquierda proponemos construir un millón de viviendas populares.

Escribe Martín Fú

La futura ley, de aprobarse en senadores, modificará la relación inquilino-propietario, entre otras cosas extendiendo el contrato de alquiler por tres años, la actualización anual de los precios en vez de semestral, entre otros cambios.
Nueve millones de personas, según Inquilinos Agrupados, tienen problemas de vivienda. Si tomamos cada una de esas personas como integrante familiar, tenemos que multiplicar por dos o tres, esto nos da casi treinta millones que no tienen vivienda y necesitan alquilar. Si, así como se lee, tres cuartas partes de los argentinos no son propietarios de su vivienda y tienen que recorrer el “vía crucis” del inquilino, sufriendo los abusos de propietarios e inmobiliarias. Han pasado los gobiernos y sin embargo, en un país inmenso de 3,7 millones de kilómetros cuadrados, la mayoría de los trabajadores y sectores populares no tienen resuelto su techo.

Ninguno de los partidos políticos que han gobernado avanzó con un proyecto de viviendas populares. Todo lo contrario, han apoyado la privatización del espacio público y el desarrollo de viviendas para los sectores más poderosos y concentrados de la economía. Así el boom de Puerto Madero y los barrios privados, que tiene a Nordelta por uno de los más emblemáticos, ha sido la única política gubernamental a favor de las viviendas… ¡pero para las clases privilegiadas! Cotizándose en Argentina el metro cuadrado al valor de Estados Unidos o de la Unión Europea, con salarios y jubilaciones de pobreza.

En los doce años de gobierno de Macri y Larreta en Ciudad de Buenos Aires se privatizaron o concesionaron 473 hectáreas a favor de desarrolladores inmobiliarios como Elzstain (IRSA), Constantini (Nordelta-Consultatio) y el grupo Werthein (Pagina12, 23/11) sólo para dar algunos ejemplos. Todo esto mientras a lo largo y ancho del país crecen los asentamientos y las villas, como en Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Santa Fe. En 2018 se calculaban unas 4000 villas o barrios de emergencia en todo el país, lo que representa una superficie mayor a toda la ciudad de Buenos Aires (Infobae, 27/01/2018).

Esta ley morigera algunos abusos pero no va a fondo con la cuestión estructural ni viene a resolver los problemas de las mayorías. Buscan lavarle la cara al gobierno en retirada y al conjunto de los partidos patronales que se vienen alternando en el poder, como el peronismo, sin hacer nada. Hasta lo ha remarcado en el debate en el Congreso el diputado de Cambiemos Lipovetzky, diciendo “tenemos con la vivienda una deuda de 30 años”. ¿Y qué hicieron en estas décadas? Gobernar para el negocio inmobiliario, incluso con grandes coimas, no para los millones que necesitan el techo propio. A tal punto que en 2016 se necesitaban 134 sueldos para acceder a una vivienda, es decir, once años de trabajo.

Desde Izquierda Socialista siempre hemos afirmado que el problema de la vivienda en la Argentina es de fácil y rápida solución. Porque como dijo nuestra diputada de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, Mónica Schlotthauer en el debate en el Congreso cuando se debatió la ley, además de imponer un fuerte impuesto hasta llegar a la expropiación de las viviendas suntuosas, “tenemos la tierra, tenemos la necesidad de los que están sin techo y también tenemos los brazos y las espaldas de quienes pueden construir las casas, lo que tenemos que tener es la voluntad política para elegir entre los buitres y los bancos o los sin techo de nuestro país” llamando nuevamente a “romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda para que con esa plata resolvamos estos problemas”.

Con los 15.000 millones de dólares que vencen el año próximo de la usurera deuda externa y la mitad de lo que se va anualmente por la fuga de capitales se podrían construir un millón de viviendas populares. De esa forma se comenzaría a solucionar la crisis habitacional y se reactivaría también el trabajo y la economía. Es una decisión política que no han tomado ninguno de los gobiernos patronales y que proponemos desde la izquierda para dar una real y definitiva solución al problema de la vivienda que aqueja a millones de trabajadores y sectores populares.