Las masivas movilizaciones en la provincia de Mendoza son parte de un proceso de lucha contra la megaminería a cielo abierto que genera tremendos impactos ambientales y humanos. ¡No a la reforma de la 7.722 votada por la UCR y el PJ con el aval de Alberto Fernández! ¡Defendamos el agua y el suelo! El gobernador anunció que por ahora no reglamentará la repudiada ley 9.209 y llama a un “diálogo”. Pero la lucha debe continuar hasta obligarlo a que se derogue.

El fuerte repudio social y las masivas movilizaciones en Mendoza obligaron a que el gobernador Suárez anunciara la suspensión de la reglamentación de la ley 9.209, que reformaba la ley provincial 7.722 que prohíbe la megaminería en Mendoza. Pero hay que seguir la lucha hasta obligarlo a que se derogue.

El lunes 23, en una de las mayores protestas que haya protagonizado esa provincia, decenas de miles de mendocinas y mendocinos se volcaron a las calles contra la reforma de la ley 7.722, la número 9.209. Al grito de: “Suarez, basura, queremos agua pura” (el gobernador de la UCR), la movilización exigía que se mantenga vigente la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera. A pesar de la dura represión ordenada por el gobernador radical dejando decenas de heridos y presos, los manifestantes organizados en asambleas continúan movilizados por su justo reclamo.

Con la Legislatura vallada, el viernes 20 diputados y senadores provinciales votaron la reforma de esta ley que protegía el ambiente. Impulsada por el gobernador radical-macrista Rodolfo Suarez, el proyecto fue apoyado por los bloques del radicalismo, del macrismo y del peronismo. Fue el resultado de un acuerdo en el que intervinieron la kirchnerista Anabel Fernández (ex candidata a gobernadora) y el propio presidente Alberto Fernández junto al gobierno provincial. Aunque ahora impactados por la movilización traten de deslindarse del proyecto diciendo que es un problema provincial, avalaron la reforma, como demuestra la votación de sus legisladores. Alberto Fernández, en particular, defiende la mega minería desde que fue gobierno en los 12 años anteriores y a las ganancias de las multinacionales como la Barrick y otras, saqueadoras y contaminantes. Ahora Fernández dice que es una actividad que permitiría hacerse de dólares para pagar la usurera deuda externa. Las declaraciones del ministro de Ambiente de Nación Juan Cabandié intentando “despegar” al gobierno nacional diciendo que es un “tema provincial”, es parte de un doble discurso que hace agua ante la creciente protesta social. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que designó al reconocido lobista mega minero Alberto Hensel en la función de Secretario de minería de la Nación?

Fue un mal cálculo de los políticos patronales. La ley 7722 había sido aprobada con mucha lucha en 2007 y por eso representa una gran conquista que debe ser defendida. La masiva movilización unificó a docentes, alumnos, jóvenes, pequeños productores y comunidades enteras de ciudades del Valle de Uco, una de las principales regiones vinícolas del país que será gravemente afectada por la contaminación del agua si se aprueba el proyecto. La gravedad de la situación nacionalizó la lucha. Casi de inmediato comenzó a contar con el apoyo de personalidades del deporte, la cultura, los derechos humanos y entidades ambientalistas y sindicales de todo el país. Hasta las Reinas de la Vendimia pidieron no se haga la fiesta tradicional 2020 diciendo: "El agua de Mendoza no se negocia. #La7722nosetoca".

El proyecto aprobado abre las puertas para la explotación de minas de cobre, oro y plata utilizando cianuro y ácido sulfúrico para separar pequeñas cantidades de metales nobles de decenas de toneladas de roca bruta (lixiviación). Este sistema despeja grandes cantidades de sustancias tóxicas contaminando el aire y los cursos hídricos por derrames o filtraciones. Es lo que acaba de constatar un peritaje oficial en la vecina provincia de San Juan. Cinco ríos se encuentran contaminados por la acción de la multinacional Barrick Gold, que derramó un millón de litros de agua cianurada en la mina Veladero. Según el peritaje, “todas las muestras analizadas, líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro”.

Esta lucha también se está dando en Chubut donde la mega minería está prohibida pero intentan intentan avanzar con la “zonificación”, resistida por el pueblo chubutense.

La complicidad de los gobiernos patronales

Estas tragedias ambientales, con graves consecuencias humanitarias provocadas por un capitalismo salvaje y depredador, se lleva a cabo de la mano del gobierno nacional y los provinciales. Todos los partidos patronales son favorables a este tipo de proyectos como lo demuestra la votación de Mendoza. Ese apoyo se revierte en aportes económicos para financiar sus campañas y perpetuarse en el poder, cuando no para aumentar sus patrimonios personales. El ex presidente del PJ y tres veces gobernador de San Juan y actualmente diputado nacional, José Luis Gioja, acuñó la frase: “hay que promover la minería que da más plata que la soja”. No es lo que piensan en Jáchal e Iglesias, regiones de una provincia semidesértica que corren el riesgo de quedarse sin agua potable por la acción de la Barrick.

La minería a cielo abierto no es una industria que trae inversiones, puestos de trabajo y progreso. Al contrario, invierte poco en infraestructura sustentable, genera empleos precarios y limitados al tiempo que dure la extracción del metal buscado y genera impactos ambientales, geográficos, humanos y culturales profundos. Además, se lleva del país un recurso no renovable pagando por ello con bajas retenciones, que el gobierno de Alberto Fernández acaba de disminuir  del 12% al 8%.

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad nos posicionamos rotundamente en contra de la explotación de la minería a cielo abierto y a la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico o el mercurio. En Mendoza, los legisladores del FIT, tanto en diputados como en senadores, no sólo se posicionaron contra este proyecto sino que se sumaron a las marchas de protesta y a las exigencias de no reformar la ley 7722.

Nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer presentó un proyecto apoyando la lucha contra la mega minería en Chubut y que se respete la prohibición de la misma, el que va en consonancia con otro que interpusimos desde Izquierda Socialista en 2017 (Proyecto de ley 2830-D-2017-diputado Giordano) disponiendo la expulsión de la Barrick Gold de Argentina.

Expresamos nuestra solidaridad con la movilización de las mendocinas y mendocinos y comprometemos nuestra militancia para difundir esa lucha desde nuestros lugares de estudio y trabajo, para impedir este nuevo crimen ambiental.

Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, 26/12/2019