Escribe José Castillo

La receta del FMI, repetida para todos los países (Francia, Grecia, Brasil) incluye liquidar los sistemas jubilatorios para garantizar las ganancias de las multinacionales y los bancos. El actual ajuste a los jubilados en nuestro país va en esta línea. La excusa es “el envejecimiento de la población, que vive más años”. La realidad, como explicamos en esta nota, es que siempre se robó a los jubilados para favorecer los grandes negociados.  

¿Cuánto debe cobrar un jubilado? Comencemos por esta pregunta de sentido común. Después de trabajar toda su vida, es de estricta justicia que un trabajador pasivo tenga garantizado un ingreso que esté por encima de la canasta básica de pobreza. La Defensoría de la Tercera Edad lo calcula hoy en 38.000 pesos. Ningún jubilado debería estar por debajo de este monto. Pero continuemos: ¿cómo se debería establecer el monto que le corresponde, dado este piso, a cada jubilado? La respuesta también es sencilla: recibiendo un 82% de su salario en actividad, “móvil” es decir actualizándose acorde a los incrementos que perciben los trabajadores activos y a la inflación.

Una mención especial debemos hacer sobre lo que se denominan “regímenes especiales”: son los pocos casos en que los trabajadores que realizan determinados tipos de tareas, con sus luchas y también con aportes extras sobre su salario lograron defender su edad jubilatoria y un monto previsional más cercano a lo que percibían en actividad. Tal es el caso de los docentes, los docentes universitarios, trabajadores judiciales, de Luz y Fuerza, etcétera.

Constantemente se ha tratado de atacar y liquidar estos regímenes, “mezclándolos” a propósito con las llamadas “jubilaciones de privilegio”. Esto es otra cosa: son las personas que perciben haberes de más de 200.000 pesos por mes, sin ninguna relación con sus aportes: son los senadores y diputados, presidentes de la Nación, jueces, militares de alta graduación e incluso la cúpula de la Iglesia Católica. Esto sí es una verdadera vergüenza y deben ser eliminados. Pero no tienen nada que ver con las jubilaciones ordinarias de los trabajadores, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.

El ajuste “¿solidario?” de Alberto Fernández

En la realidad de nuestro país, el 70% de los jubilados cobran la mínima, orillando la indigencia, apenas por arriba de los 14.000 pesos. Nada se soluciona con los dos bonos “por única vez” que se cobrarán en diciembre y enero. Llegará febrero y nuevamente, la inmensa mayoría de los abuelos estarán sumidos en la miseria. El resto (los que cobran por encima de los 19.000 pesos ¡y por lo tanto están en la mitad de lo necesario para cubrir su canasta!) no recibirán nada, ni siquiera los aumentos establecidos por ley. Quedan sometidos a la discreción de un presidente que “promete” incrementos, sin dar ninguna precisión de qué se trata. Según un análisis realizado por el Grupo de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (Geres), reproducido por Alejandro Bercovich (BAE Negocios, 27/12), los jubilados por encima de la mínima (aun suponiendo que en 2020 se les pague con aumentos que cubran toda la inflación del año que viene) terminarán cobrando un 6,7% menos que lo que les correspondería si se mantenía la fórmula vieja. Pero incluso los jubilados que hoy cobran la mínima, y aun contando los dos bonos de 5.000 pesos, reajustados luego de la misma manera, perderán un 3,3% en comparación a lo que les tocaba con los incrementos eliminados en la ley planteada por el gobierno de Alberto Fernández. Y todo eso sin mencionar el 25% que todos perdieron en los cuatro años anteriores de Macri.

Los especuladores internacionales, los acreedores de deuda externa y el FMI “aplauden” ante estas medidas. No solamente porque son una señal de la voluntad del gobierno de Alberto Fernández de cumplir con los vencimientos de deuda: también porque están en línea con lo que el establishment exige a escala internacional, la reforma jubilatoria. Esta se traduce en liquidar los regímenes especiales, reducir lo más posible la “tasa de sustitución” (cuánto cobra un jubilado por primera vez en comparación a lo que percibía en actividad, que a diferencia del 82%, hoy apenas alcanza a 50%) y aumentar la edad jubilatoria. “Ahorrar” en suma, a costa de la tercera edad.

La historia de un robo permanente

El gran argumento, en la Argentina y en el mundo, es que “no hay plata” para otorgarle a los jubilados lo que les corresponde. Se argumenta que el problema es que “la gente hoy vive más que antes”. Mentira. Lo que sucede es que, década tras década, se le fue robando al sistema de seguridad social. Y hoy se sigue haciendo lo mismo.

Recorramos brevemente la historia. Las jubilaciones se generalizaron en nuestro país como un derecho para todos los trabajadores con el primer gobierno peronista. El 82% móvil se estableció en 1958, durante el gobierno de Frondizi. Las cajas previsionales fueron claramente superavitarias hasta los primeros años ´60: hasta ese entonces era mucho más lo que ingresaba a las cajas que lo que se pagaba, dada la poca cantidad de jubilados. Sin embargo, ya en esas primeras décadas, comenzó una costumbre sostenida hasta hoy: los distintos gobiernos patronales se apropiaban de lo que entraba a las cajas, haciéndose financiar por ellas y reemplazándolas por “papelitos”, que luego no pagaba, ya que se desvalorizaban por la inflación de entonces.

Con Videla y Martínez de Hoz se incorporó por primera vez otra práctica: reducir los aportes patronales. Lo que implicaba comenzar a desfinanciar las cajas. Desde entonces, los diferentes gobiernos “metieron mano” en los aportes de los jubilados, utilizando ese dinero como si les perteneciera y, desde la década del ´80, usándolo para pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero el salto cualitativo vendrá en la década del ´90. Menem y Cavallo harán una reducción sustancial y generalizada a los aportes patronales, que ya nunca se restituirán. De hecho, estaban en el 33% y a partir de entonces se redujeron al 16%. A esto le siguió la privatización del sistema. En 1993 se crearán las AFJP. En síntesis, significó que la inmensa mayoría de los descuentos a los trabajadores y de los ya reducidos aportes patronales ingresaban a esas empresas privadas, mientras al Estado le quedaba la tarea de pagar las jubilaciones, que alcanzaron niveles de miseria nunca antes vistos.

Por si todo esto fuera poco, el crecimiento del desempleo y la precarización laboral crearon otra realidad: la mitad de la clase trabajadora pasó a estar “en negro”, esto es sin realizar aporte alguno.

Uno de los subproductos del Argentinazo, con millones repudiando a la jubilación privada, y también de la crisis mundial de 2008, que colocó a más de una AFJP al borde de la quiebra por la forma en que especulaban con los fondos en su poder, llevó a la reestatización del sistema. El Estado tuvo que hacerse cargo de millones de jubilados a los que sus patrones no les habían realizado los aportes.

Durante el peronismo kirchnerista se acható terriblemente la pirámide jubilatoria. Millones fueron jubilados con la mínima o valores muy cercanos a ella. En esos doce años del kirchnerismo nunca se subieron los aportes patronales lo que hubiese permitido incrementar las jubilaciones. Por el contrario Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta, llegó a vetar el otorgamiento del 82% móvil aduciendo que no contaba con fondos. Así arribamos a la situación actual, donde casi 2/3 de los pasivos están en esa situación.

Pero la reestatización brindó también la posibilidad de que existiera un fondo, constituido por todo lo acumulado por las AFJP, que prácticamente no habían pagado jubilación alguna. Se trataba de más de 75.000 millones de dólares. Se lo bautizó pomposamente con el nombre de “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”. Era, teóricamente, el dinero existente para pagar juicios, que pertenecía a los jubilados y pensionados.

Sin embargo, ese fondo fue utilizado para cualquier otra cosa. En particular para pagar deuda externa, tomando dinero del mismo y reemplazándolo por más “papelitos”: bonos y letras del Tesoro. También para otros usos muy alejados de las necesidades de nuestros abuelos. El gobierno de Cristina llegó a incluso a otorgarle un crédito a la filial argentina de la General Motors, con la promesa, luego no cumplida, de que la empresa no despidiera personal. Así, el fondo se fue reduciendo. Macri profundizó esta política, hasta llegar a la actualidad, en que quedan apenas 24.000 millones de dólares, la mitad de ellos en bonos públicos.

Las dos últimas estafas: Macri en 2017 y ahora Alberto Fernández

El gobierno de Macri, en diciembre de 2017, procedió al último robo a nuestros abuelos. Cambió la fórmula de reajuste, haciendo que se perdiera más de un 25% del poder adquisitivo de los haberes al día de hoy.

Ahora, el nuevo gobierno de Alberto Fernández elimina esa fórmula, justamente la única vez que los jubilados iban a “ganar” algo con ese cálculo. Y vuelve a echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, permitiendo que se canjee dinero por bonos hasta un 75%.

Esta es la historia repetida. ¿Cómo modificarla? Haciendo lo que nadie propone. Hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y profundizaron varias legislaciones posteriores. Todos los gobiernos posteriores se la pasaron siempre ofreciendo a las patronales la reducción de aportes como “incentivos” para invertir. De hecho, actualmente los primeros 7.000 pesos del salario del trabajador están “libres” de aporte patronal. La simple restitución de los aportes patronales con la escala general que existía en 1994 permitiría incrementar en un tercio los recursos que percibe mensualmente el Anses.

Pero, además, hay que realizar un masivo blanqueo de todos los trabajadores en negro.  Hoy casi el 40% de los asalariados están en esa situación, y a muchos otros se le realizan aportes por apenas una parte del sueldo, pagándole el resto “por debajo de la mesa”. Estamos hablando de la posibilidad de duplicar la recaudación mensual del Anses. Con el agregado de la suma de la restitución de los aportes patronales, se podría garantizar así la masa de aportes y contribuciones para pagar efectivamente el 82% móvil a todos los jubilados.  

Y, por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡El Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no deben usarse para nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!

Y, si en la transición hiciera falta cubrir algún faltante, se lo debe cubrir con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y con impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, por ejemplo de las petroleras y mineras, que acaban de ser “premiadas” con una reducción de las retenciones (impuestos a las exportaciones).

La jubilación no es una parte del “gasto público”, como pregonan los defensores del ajuste. Se trata de una parte del sueldo de cada trabajador, lo que se denomina un “salario diferido”. Es un sistema solidario, donde la contribución de los activos (con la suma de las retenciones más los aportes patronales) debe financiar las jubilaciones presentes.

¡El sistema no está “quebrado” ni es “inviable”! Lo están desfinanciando desde hace décadas los distintos gobiernos patronales. La prioridad, de una vez por todas, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, las capitalistas y el FMI.