Escribe Juan Carlos Giordano

El gobierno bajó un 8% el precio de los medicamentos. Lo hizo en acuerdo con las patronales y cámaras del sector, después que la mayoría de los laboratorios aplicaran importantes aumentos en diciembre. El anuncio fue parte de la ley de emergencia, supuestamente para “beneficiar a los que menos tienen”. Pero bajar solo un 8% los medicamentos parece más una burla que una medida a favor de los de abajo.

En el último año los incrementos de los medicamentos oscilaron entre 87 y 103% según el Indec (La Nación, 5/11/2019) y si tomamos el período mayo 2015 a octubre 2019, la suba promedio fue de un 457%. Bajar el 8%, entonces, ni siquiera es un paliativo.

“La medida de Nación tuvo poco impacto en los pacientes”, señalan los medios. ¿Qué puede cambiar para un jubilado si en vez de pagar 1.000 pesos tiene que disponer de 920 pesos para comprar un remedio? “Especialistas advierten que muchos pacientes reducen las dosis o directamente cortan el tratamiento porque no lo pueden pagar” (La Voz del Interior, 31/12/2019).

Mientras se publicita con bombos y platillos la rebaja del 8%, según el Indec, en el tercer trimestre del año que acaba de concluir la facturación total de la industria farmacéutica registró 59.764 millones de pesos, un incremento del 70% en relación a igual trimestre de 2018 (Idem) y en Argentina el gasto total en Salud  -público y privado- representa aproximadamente el 10% del PBI, del cual el 32% corresponde a medicamentos.

Previo a la rebaja anunciada por el gobierno, nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) presentó un proyecto de ley para garantizar “el acceso a los medicamentos, sueros, vacunas, prótesis y demás insumos médicos”, proponiendo medidas de fondo, no medias tintas cosméticas como la actual del Frente de Todos.

Los remedios y demás insumos médicos son un tema de vida o muerte para millones y, por lo tanto, no se los puede considerar una mercancía sujeta a las leyes del mercado, tienen carácter de bien social y derecho humano esencial.

La ley presentada por Schlotthauer dispone “la entrega gratuita a toda la población” de medicamentos y otros insumos médicos” creando para tal fin “un ente único nacional de producción, comercialización, distribución y provisión públicas de medicamentos de propiedad, administración y gestión estatal”. Para ello dispone que el área de producción de dicho ente sea constituida por la totalidad de establecimientos dedicados a la producción pública de los insumos, sean de jurisdicción nacional, provincial o municipal. También abarca a las empresas privadas actualmente paradas o que hayan cesado parcialmente en su producción, las cuales serán estatizadas, pasando su personal a ser reincorporado como empleados del Estado.

A su vez, la ley de Izquierda Socialista dispone que “los laboratorios, droguerías, distribución, logística y farmacias monopólicas serán nacionalizadas, pasando a integrar el plan estatal de producción y distribución de medicamentos como parte de un sistema nacional de salud estatal a nivel nacional”.

Los fundamentos del proyecto señalan que Argentina tiene la capacidad instalada como el recurso humano suficiente para la producción, distribución y dispendio de medicamentos e insumos médicos. Sin embargo, se llega al extremo de importarlos, aun cuando puedan elaborarse localmente.

La suba sideral de los medicamentos se debe a la alta concentración monopólica que controla la importación, producción y distribución de medicamentos e insumos, elevando los precios por encima de su costo, la cual goza de la complicidad de los gobiernos de turno a quienes los laboratorios financian sus campañas.

El mercado farmacéutico es abastecido por 250 laboratorios de capitales locales y extranjeros, incluyendo 110 plantas industriales y 40 laboratorios públicos. Pero el total de ventas de medicamentos se reparte en forma desigual entre laboratorios nacionales (Roemmers, Gador, Raffo, Elea y otros) -a los que corresponde un 34%- y multinacionales (Bayer-Alemania, Roche-Suiza, Pfizer-USA, Novartis-Suiza, GSK-Reino Unido, Abbot-USA y otras), a quienes les toca el 66% restante.

De las 1.049 droguerías registradas en Anmat 85 tienen capacidad logística, de las cuales solo 4 concentran el 70% de la distribución: Droguería del Sur, Monroe Americana, Suizo Argentina y Droguería Barracas. Por otra parte, las 4 distribuidoras ligadas a los laboratorios más importantes (Disprofarma-Bagó; Rofina-Roemmers; Farmanet-Gador/Casasco/Bayer/Novartis/Boehringer Ingelheim) y Globalfarm (laboratorios de EE.UU.) representan el 99 % de las ventas a las obras sociales.

Contra todo este negocio capitalista, la producción pública de medicamentos ha demostrado una disminución de costos y precios. El Laboratorio Industrial Farmacéutico SE, Santa Fe (LIF), produce el 94% de los medicamentos para Atención Primaria de la Salud de la provincia. El Instituto Biológico de La Plata produce 70 millones de comprimidos al año a un 80% menos del valor de mercado. El Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba lo hace entre un 50% y 70% menos.

El proyecto de Izquierda Socialista, en definitiva, plantea la obligación de que el Estado garantice la gratuidad, Vademécum único de medicamentos e insumos esenciales, desarrollo de su producción estatal y la estatización de la producción, concentración y distribución de los mismos como parte de terminar con los mercaderes de la salud.

A modo de conclusión, cualquiera podrá comparar la rebaja del 8% de Fernández con la ley presentada por nuestro partido y las propuestas que siempre levantó y defendió la izquierda junto a la clase trabajadora en defensa de la salud y el hospital público.