Escribe Mercedes Trimarchi
Diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el FIT-Unidad

La ley impositiva que se aprobó en la Legislatura bonaerense con los votos del Frente de Todos y Cambiemos representa un nuevo ajuste a la clase trabajadora y los sectores populares. Lo recaudado será utilizado para pagar deuda y no para resolver los urgentes problemas sociales. La banca del FIT votó en contra y planteó que la única solución es romper con el FMI, dejar de pagar la deuda e imponer una ley impositiva donde realmente paguen más los que más tienen.

La ley establece los impuestos que cobrará la provincia este año. Generó una fuerte polémica. Sorpresivamente, tras la votación, el gobernador dijo “no estamos de acuerdo con las modificaciones a la ley” y que “beneficia a los sectores concentrados”. Por su parte, la vicegobernadora Magario reconoció que la ley no servirá para “trabajar rápidamente en nuestras escuelas, hospitales y la emergencia social”. Pero pese al doble discurso oficial, fue votada con el acuerdo de los bloques del Frente de Todos (PJ), que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y Cambiemos, con mayoría en el Senado. El FIT fue el único bloque que votó en contra.

El gobernador y sus ministros se encargaron de aclarar que con la ley no buscan resolver los urgentes problemas sociales de los sectores populares bonaerenses, si no que quieren hacer caja para pagar la deuda externa de la provincia, unos 2.700 millones de dólares para 2020 (567 millones vencen en enero). Esta es la verdadera prioridad de Kicillof.

Pero, ¿quién pagará la deuda? Lejos de establecer “impuestos progresivos” como decía el gobierno, donde paguen más los que más tienen, la ley es un impuestazo contra los trabajadores y los sectores populares. Así, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores deberán pagar un aumento del 55% en el impuesto Inmobiliario Urbano, mientras los salarios están congelados. Esto es porque de acuerdo a la nueva ley, las propiedades (terreno con vivienda) cuyos valores de mercado estén comprendidos entre 40 mil y 135 mil dólares, deberán pagar el aumento.

El impuesto Inmobiliario Rural, que supuestamente era cuestionado por Cambiemos, no fue cambiado. El aumento del 75% sólo lo pagarán unas 200 propiedades, de un total de 2.500 mayores a 2 mil hectáreas. Además, los valores fiscales de las propiedades rurales no se actualizan desde 2012. Por eso este gravamen no alcanza al 3% de todo lo recaudado por la provincia. Este impuesto no les hace ni cosquillas a los grandes terratenientes y oligarcas.

Uno de los impuestos con mayor recaudación, Ingresos Brutos, que pagan las actividades económicas, no contiene cambios sustanciales respecto a las leyes de Vidal. Su reducción en algunas actividades (medicamentos o venta minorista de alimentos básicos) no tendrá un gran beneficio para el bolsillo de los trabajadores. La realidad es que las empresas siempre trasladan este impuesto a los precios, aumentando la inflación, que pagan los sectores populares. Esto seguirá pasando en todos los rubros, porque el gobierno rechaza imponer precios máximos en la cadena productiva y en los productos terminados.

La banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda rechazó esta ley porque lejos de lo que pregona Kicillof, es un impuestazo contra los trabajadores y demás sectores populares. Es parte de un paquete de medidas nacionales y provinciales, como las leyes de emergencia, que responden a las recetas de ajuste del FMI.

Para resolver los urgentes problemas sociales en trabajo, salud, educación y vivienda es necesario romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa usurera y fraudulenta, que en último periodo engrosó Vidal con el apoyo parlamentario del peronismo, y que fue utilizada para hacer negocios financieros. Es necesaria una verdadera reforma tributaria, donde paguen más los que más tienen, empezando por cobrarles a los grandes terratenientes, a las grandes empresas multinacionales y a las cadenas de supermercados formadoras de precios.