Escribe: Laura Marrone • Integrante Bloque de la Legislatura FIT

Luego de varios años de reclamo, el PRO logró pasar la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires mediante un convenio entre el gobierno nacional y el de la Ciudad, avalado por la Legislatura porteña. 17.000 efectivos federales, 54 comisarías, la Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, se unirían a los 6.500 de la Policía Metropolitana (http://correpi.lahaine.org)

Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que tiene más fuerzas de seguridad: 1 policía cada 142 habitantes, sin contar la presencia de Gendarmería y Prefectura, que fueron desplazados hacia esa Ciudad durante el gobierno anterior, y de los miles agentes de seguridad privada. Se trata de una de las ciudades más “custodiadas” del mundo. Sin embargo, no ha disminuido el delito porque estas fuerzas apañan la trata, el narcotráfico y el crimen organizado. En los barrios de la zona sur los policías son amos y señores del gatillo fácil. Mientras los narcos señorean las villas, los pibes son asesinados.

La Federal es conocida por su caja paralela que, mediante coimas, permite que las redes del delito sigan impunes. Desde el 2003 la Policía Federal ha asesinado a 338 personas por gatillo fácil, de las cuales 102 lo fueron en Ciudad de Buenos Aires.

La Metropolitana hizo su debut en la Ciudad dirigida por personajes vinculados al espionaje clandestino y pretendiendo usar las pistolas Taser, especie de picana portátil. En su haber ya tiene su propio bautismo de sangre: Nehuen Rodríguez, asesinado en 2015 en la Boca y Lucas Cabello, baleado salvajemente en el mismo barrio, también en 2015. Federal y Metropolitana reprimieron la protesta social, como ocurrió con la Metropolitana en el conflicto del Borda, o en comando unificado para el desalojo violento con muertos en el Parque Indoamericano y en el Barrio Papa Francisco.

El FIT rechaza este proyecto. Para dar seguridad a los vecinos se requiere desmantelar estas fuerzas represivas, sus redes de corrupción y convocar a los trabajadores, asociaciones sociales y vecinos a debatir y a organizar la lucha contra el delito, establecer la elección vecinal de los comisarios y su remoción por estos. Se debe prohibir la represión a la protesta social derogando el Proyecto X, la Ley antiterrorista y la “emergencia” nacional de la seguridad dispuesta por Bullrich, una medida para el manejo discrecional de recursos, por parte de una ministra que no ha mostrado ninguna pericia, tal como se demostró en la reciente triple fuga.