En el término de 15 días Córdoba se conmovió por incendios terribles, se sacudió con un fuerte sismo, soportó una nevada histórica y explotó con una movilización espontanea al comprobar lo que todos ya sabían, que los jefes policiales amparan y se benefician con el narcotráfico.

Primero se incendió la provincia, mostrando la corrupción del gobierno provincial, que recauda 60 millones de pesos por año con el Impuesto al Fuego y 35 cuarteles de bomberos serranos denuncian que hace más de un año que no reciben un peso. Y además se vieron las consecuencias del desmonte amparado por la mal llamada Ley de Bosques, votada por el delasotismo, con apoyo de la UCR y el Frente Cívico de Juez.

El otro incendio surgió con la denuncia sobre el rol activo y la complicidad con el narcotráfico de los jefes policiales que supuestamente debían combatirlo. Esto agravó la crisis política del gobierno que se quedó sin Alejo Paredes, ministro de Seguridad, sin Ramón Frías, jefe de policía, y con cinco policías detenidos, pese al intento de De la Sota de retenerlos denunciando una campaña montada por el kirchnerismo. La realidad muestra que lo denunciado no podría haber sucedido sin el amparo del poder político. Por eso más de cinco mil personas se autoconvocaron en el Patio Olmos para repudiarlo

Pero la descomposición policial no es solo de Córdoba. El jefe de policía de Binner, en Santa Fe, está preso por proteger al narcotráfico. Y años atrás, el caso de los asesinados en Buenos Aires por la efedrina desnudaba que el narcotráfico aportaba a la campaña electoral de Cristina. El narcotráfico ha penetrado el país con la complicidad de los partidos patronales, tanto oficialistas como opositores.

En Córdoba no es nueva la participación de la policía en casos de narcotráfico. El gobierno no solo no lo ha combatido, sino que con la Ley Anti-narcotráfico votada con la complicidad de la UCR y el Frente Cívico le ha dado un marco legal a la persecución a los consumidores. Además, el mantenimiento del Código de Faltas le otorga cada vez más poder a la policía y es el otro mecanismo garante del negocio de la droga. Por eso, más allá de las bravuconadas de Luis Juez o el radicalismo, ninguno de ellos puede ocultar su complicidad al votar todas estas leyes. Solo el Frente de Izquierda se ha opuesto y denunciado que todo esto le da sustento al narcotráfico, y por eso presentó en la legislatura cordobesa un proyecto de ley para anular la ley anti-narcotráfico, la ley anti-trata y el código de faltas, leyes que solo buscan perseguir a los consumidores, mientras le allanan el camino para delinquir a narcotraficantes y policías

Las renuncias de Frías y Paredes no alcanzan. El conjunto de la jefatura policial está metida en las principales redes del narcotráfico, trata de personas, desarmaderos y un largo etcétera. Pero la investigación no puede quedar en manos de una justicia igual de corrupta. Se debe crear una comisión investigadora independiente, conformada por organismos de derechos humanos, organizaciones populares y de la clase trabajadora que vaya a fondo y no solo meta presos a estos delincuentes de guante blanco, sino que expulse a todos los policías involucrados en crímenes de la dictadura militar y en todo otro delito. En camino al desmantelamiento de este aparato represivo hay que exigir la elección del comisario por el voto popular y con mandato revocable. Y dar protección y plenas garantías al personal policial raso de la policía, para que pueda denunciar los pactos de sus jefes con los narcos y para que puedan desobedecer toda orden superior indigna que los comprometa en el crimen organizado. Medidas que solo se podrán imponer con una gran movilización.