Son miles los habitantes damnificados en la provincia, la ayuda no llega y la bronca crece. Mientras De la Sota, la UCR, el PRO y el Frente para la Victoria, cada uno por su lado, está haciendo clientelismo político con los inundados

Escribe: Liliana Olivero Legisladora Izquierda Socialista/FIT (m.c.)

La situación en la provincia de Córdoba es desastrosa. Tras las lluvias del 15 de febrero, se produjeron inundaciones en numerosas localidades de Sierras Chicas, con el trágico saldo de 8 muertos, miles de casas y comercios afectados, destrucción de acueductos y puentes. Los días pasan y el panorama empeora: las precipitaciones continúan y los gobiernos no dan soluciones. Mientras vecinos y miles de voluntarios intentan sacar el agua y el barro de los hogares, la ayuda del estado llega a cuentagotas y de manera insuficiente.

El gobernador De La Sota está en medio de una campaña para instalarse como candidato a presidente y utiliza el presupuesto provincial para ello. Anunció la ayuda a los damnificados con colchones, chapas y electrodomésticos. Pero la gente sabe que no alcanza y denuncia que para recibirlos les hacen firmar un compromiso de no iniciar acciones legales contra el gobierno.

El monto total anunciado (y repetido numerosas veces por día en publicidades) es de $150 millones, mientras la semana pasada la Legislatura Provincial aprobó con votos del PJ y la UCR una exención impositiva a las empresas de recolección de residuos por $200 millones a pedido del intendente de Córdoba, el radical Ramón Mestre.

Sumado a esto, el miércoles 25 y el martes 3 se produjeron copiosas precipitaciones que afectaron el Este y el Norte provincial, con terribles consecuencias. El avance de la frontera sojera (política nacional y provincial) ha llevado a que la tierra sea incapaz de absorber las lluvias, por lo que el agua y las toneladas de agroquímicos utilizados fueron a parar a las ciudades. En Idiazábal, los 1.100 habitantes debieron ser evacuados y en Jesús María el agua anegó caminos y tiró puentes, por lo que sus 32.000 pobladores quedaron aislados.

La provincia decretó el alerta máxima con más de 2 mil evacuados y más de 2.500 hogares afectados. Sin embargo, la ayuda no llega. Los damnificados exigen soluciones y la paciencia se agota. Han cortado rutas y avenidas principales en algunas de las localidades afectadas. Desde Izquierda Socialista en el FIT estuvimos acompañándolos, llevando donaciones que recolectamos y colaborando en la organización de los damnificados que trabajan para sobreponerse.

La irritación es grande, a pesar de que De La Sota habla de un “tsunami caído del cielo”, “la peor catástrofe climática en 50 años” y sostiene que “no hay una relación entre el desmonte y las inundaciones”. Las causas de esta terrible situación son claras: las políticas de los gobiernos nacional, provincial y municipal de depredación de los ecosistemas y la falta total de previsión.

Es fundamental la organización de todos los damnificados, salir a las calles para arrancarle al gobierno todo lo que necesitan para rehacer sus vidas de manera digna. Se requieren inversiones millonarias para reconstruir las viviendas y la infraestructura (caminos, puentes, desagües, acueductos). Los fondos no pueden salir de los perjudicados, se deben crear impuestos excepcionales a las multinacionales, al negocio inmobiliario, bancos y terratenientes.

Con la movilización debemos imponerle al gobierno la aprobación de la Emergencia Ambiental que presentamos desde el Frente de Izquierda el año pasado, suspendiendo el desmonte y la construcción de grandes emprendimientos inmobiliarios y agrícola-industriales por dos años, período en el cual se relevará el estado del ambiente y se podrá elaborar un plan de reconstrucción.