Las diferencias entre De la Sota y Cristina desaparecen a la hora de defender a multinacionales como Monsanto. Por eso acuerdan en reprimir con la policía o con la patota sindical una pacífica protesta de vecinos y ambientalistas que no quieren a Monsanto en Córdoba, ni en Argentina.

Por Liliana Olivero - Candidata a Diputada Nacional

Con el apoyo de De la Sota y Cristina, y el aval del intendente radical Daniel Arzani, Monsanto se está instalando en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. Logró que la justicia la autorice a construir su planta antes que la Agencia Córdoba Ambiente, controlada por el delasotismo, se pronuncie sobre si contamina o no. Están seguros de obtener esa aprobación. Cristina también colaboró, porque al ser consultada sobre el proyecto, la Universidad de Córdoba, dirigida por Carolina Scotto, su candidata a diputada nacional del FpV, dijo "ni", quedando a la derecha de la Universidad Católica, que rechazó la instalación de la multinacional.

Desde que se conoció esta decisión, los vecinos se organizaron en la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida (AMLV) que desde entonces viene democráticamente resolviendo acciones para impedir su instalación, exigiendo una consulta popular en la ciudad para que sean los vecinos quienes decidan.

Desde hace 15 días se instaló un bloqueo en la puerta de Monsanto impulsado por organizaciones y activistas ambientalistas, al que se sumó la AMLV, más allá de no haber participado en todo el proceso de su organización. Con mis compañeros de Izquierda Socialista nos hemos sumado porque somos parte de esta lucha desde sus comienzos, como miembros de la AMLV, presentando un proyecto de ley exigiendo que la multinacional se vaya de la provincia.
El bloqueo resiste pacíficamente el ingreso de camiones con materiales para la obra. Esto provocó la represión policial y la detención de compañeros, luego rápidamente liberados. Esta agresión no logró su objetivo de desalojarlos, pero dejó paso a otra agresión, esta vez de la burocracia sindical de la Uocra, que apoyándose en la política de la empresa -que quiere suspender a los 200 trabajadores contratados por falta de materiales-, amenazó con tomar en sus manos el desalojo. Esta actitud vergonzosa y carnera se extiende al burócrata José Pihen, legislador delasotista que dirige una de las CGTs de Córdoba, que repudió el bloqueo con el argumento de la defensa de los puestos de trabajo. Puestos que nunca hubiesen existido si en su momento, poniéndose del lado de los vecinos como correspondía, hubieran impulsado el boicot a la construcción de esta obra para una empresa probadamente saqueadora y contaminante. También y en coincidencia con la burocracia, seis cámaras empresarias de Córdoba exigieron el pronto desalojo amenazando con un "lock out", pidiendo "seguridad jurídica", la misma que le niega Volskwagen a sus 19 trabajadores despedidos, a quienes la justicia ordenó reincorporar. Ante esta situación, la AMLV exige que Monsanto se haga cargo de reubicarlos en otras obras o de seguir pagándoles el sueldo, porque le sobra dinero para hacerlo. Ni suspendidos, ni despedidos. Hay que llamar a los trabajadores, a su sindicato y a las dos CGT a sumarse al corte con este reclamo y convocar a la población de Córdoba a solidarizarse. Como lo hizo multitudinariamente este martes 8 de octubre, con una marcha a la casa de gobierno con más de cinco mil personas, para repudiar a Monsanto, al gobierno provincial y nacional, y a la justicia cómplice, exigiendo que se declare en la provincia la emergencia ambiental. Un importante round ganado en el camino de ¡Fuera Monsanto!

El pacto K-Monsanto

En julio de 2012 el gobierno cedió a las exigencias de la estadounidense luego de años de una disputa legal internacional de Argentina contra Monsanto por el cobro de regalías sobre la producción y ventas de soja y maíz. En 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desechó el reclamo de la compañía para cobrar regalías por las exportaciones de harina de soja desde la Argentina. Pleito que empezó en 2006 y llegó a frenar envíos. Monsanto quería cobrar regalías -entre 15 y 18 dólares la toneladas por la harina producida en el país-, a pesar de no contar con una patente para ello.
Aquí Monsanto no podía cobrar porque no había patentado su RR1 y miles de productores grandes y chicos seguían usando las semillas sin pagarle a Monsanto sus regalías. Como Monsanto veía que no podía asegurarse en los marcos legales patronales el cobro de sus regalías, decidió concretar la maniobra de "crear" nuevas semillas como la RR Maiz 2 o la soja Bt RR2Y y las patentó para ahora sí cobrar "legalmente" sus regalías. Este fue el pacto K-Monsanto. No solo les aceptó patentarlas, sino que hasta les aprobó instalar una nueva fábrica en Malvinas.