Escribe Martín Fu

A fines de octubre, el presidente Macri anunció un paquete, donde incluía las reformas laboral, previsional e impositiva, haciendo un guiño para la reducción de los empleados públicos y cuestionando la cantidad de sindicatos, buscando reducir su número. A la embestida oficial contra los sindicalistas mafiosos como Pata Medina y Caballo Suárez, el gobierno ha dado el primer paso formal.

Mediante la disposición 17E/2017 generada por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, del Ministerio de Trabajo y publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de diciembre, se endurecen las condiciones para que una asociación sindical mantenga su inscripción en el registro de asociaciones sindicales, pudiendo perderse la inscripción gremial y su entidad jurídica (personería gremial) de no cumplimentar en un lapso no mayor a tres años con todos los requerimientos que el Ministerio de Trabajo estipule.

En concreto se ataca a una serie de nuevos sindicatos que surgieron a partir de enfrentamientos con lo más podrido de la burocracia sindical. Tal el caso del sindicato de los trabajadores del subte, el Sitraic, los periodistas del Sipreba, los docentes universitarios de la Conadu (Histórica) y todas sus asociaciones de base y otras organizaciones similares.

Repudiamos esta injerencia del Ministerio de Trabajo sobre la organización de los trabajadores, con el objeto de garantizar el monopolio de la representación a lo más traicionero de la burocracia sindical.