El lunes 15 de abril se llevó a cabo una audiencia ante la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia contra tres dirigentes petroleros de Santa Cruz: Martín Oñate y Néstor Vibares, ex integrantes de la comisión directiva del Sindicato Petrolero y de Gas Privado, y Jorge Armoa, delegado de la empresa Bacssa. Están acusados de “coacción simple” y “entorpecimiento de la actividad productiva” a raíz de una lucha sindical en 2014. Una causa armada, por lo cual pedimos la absolución.

Escribe Eduardo Manzione

Acompañaron la jornada Pedro Cormack (secretario general Adosac provincial), nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer, quien viajó especialmente para solidarizarse participando junto a los compañeros de Izquierda Socialista de Santa Cruz, Adriana Astolfo (secretaria general de Adosac Pico Truncado), Eduardo Manzione (congresal provincial de Adosac), Luis Díaz (delegado de escuela Río Gallegos), Ileana Celotto (AGD-UBA), dirigentes del Sutna, Miguel del Plá (CTA Autónoma-PO) y familiares y amigos de los acusados presentes en una sala colmada.

La causa fue iniciada para criminalizar un reclamo gremial del año 2014 en la empresa Bacssa, de la localidad de Las Heras. Los dirigentes llevados a juicio exigían que se cumpla con el convenio colectivo del sector, pagos por desarraigo y la reincorporación de un trabajador. Lucha que surgió desde la propia base obrera a través de asambleas. El burócrata Claudio Vidal, secretario General del Sindicato Petrolero de la provincia, no acompañó la lucha, siendo funcional a la empresa y al gobierno kirchnerista.

En palabras de Vibares, la empresa se ensañó con ellos porque había muchas ganas de luchar y se eligieron delegados combativos que peleaban por los compañeros. Esta criminalización, sostuvo, busca descabezar un sindicalismo de clase y la resignación de los trabajadores para que no salgan a pelear.

Martín Oñate denunció el odio patronal hacia los trabajadores, ya que ni pidió la conciliación obligatoria, sino que inició directamente una causa penal “desconociendo” que en nuestro país existe el derecho a huelga. Los compañeros a los que se quieren condenar armaron la lista Roja qué enfrentó a Vidal.

A través de los testigos quedó claro que esta es una causa armada y que el kirchnerismo junto a la patronal de la empresa Bacssa intentan criminalizar a los que luchan. Los mismos testigos que presentó el fiscal de la causa, Ariel Candia, hicieron agua.

La empresa afirma que los petroleros impedían el ingreso y la salida de camiones causando graves pérdidas económicas. Pero sus testigos “no recordaban” ninguna supuesta actitud delictiva de los acusados y el gerente de Bacssa ni siquiera pudo presentar las filmaciones que decía tener porque afirma que “no las resguardó”.

En todo momento quedó claro que toda la lucha se votó y decidió en asambleas. Incluso dirigentes del petróleo de otras empresas se acercaron a ofrecer su solidaridad.

El juicio debería haber culminado con la absolución de los compañeros, pero habrá otra audiencia el próximo 29 de abril. La diputada Schlotthauer resumió: “Todo esto prueba lo que venimos diciendo desde la izquierda, que el ajuste y la represión son tanto de Macri como de los gobernadores, en este caso la peronista kirchnerista Alicia Kirchner”.

Nuestro partido, junto al sindicalismo combativo, estará presente nuevamente el 29. ¡Absolución ya a Vibares, Armoa y Oñate!