Una de las propuestas más importantes de Alberto Fernández es la convocatoria a un gran “pacto social”. Bajo la excusa de que se necesita la “unidad nacional”, ya en la propia campaña electoral el entonces candidato a presidente lo planteó en un evento en Tucumán. En concreto se convocó a la UIA, que ya dio el visto bueno en la figura de su presidente Miguel Acevedo, a la CGT, donde lo peor de la burocracia sindical, con Héctor Daer a la cabeza también dio el presente, y se completó la mesa con la “bendición” de la jerarquía de la Iglesia Católica.

Por lo que trascendió, el pacto consistiría en un congelamiento de precios y salarios (habría que ver si también de tarifas, que igualmente no retrotraerían los tarifazos), por un plazo indeterminado, probablemente seis meses. Pero esa “mesa de acuerdo” viene con las cartas marcadas contra los trabajadores: como dijimos en la nota de arriba, los empresarios ya hoy están remarcando, adelantándose a cualquier eventual congelamiento. Y mañana, aun después de firmar el pacto, seguirán subiendo los precios, con una excusa u otra. En cambio a los trabajadores el pacto nos significará que no podremos reclamar nuevas recomposiciones y muy probablemente la suspensión de las negociaciones colectivas. La UIA, por su parte ya ha dicho que irá a poner sobre la mesa la necesidad de flexibilizar los convenios por gremio (o sea quitarle derecho y parte de su salario a los propios trabajadores).

Nuestro país ya tiene toda una historia de “treguas de precios y salarios” o directamente de “Pacto Social”. El más famoso fue el de Perón, Gelbard y Rucci en 1973. Donde al final perdieron los trabajadores y todo terminó con el Rodrigazo. Nada bueno podemos esperar de eso. Tenemos que oponernos, no aceptando que se limite ninguno de nuestros reclamos. Hay que seguir exigiendo un aumento de emergencia que lleve nuestros salarios al valor de la canasta familiar, reabrir todas las paritarias y no debemos permitir la más mínima pérdida de nuestras conquistas por flexibilización laboral. G.P.