A pocos días de un nuevo aniversario de la masacre de Once, el gobierno de Cristina reafirmó su política privatista para los ferrocarriles, continuadora del menemismo de los 90. Se trata de un verdadero insulto a la memoria de las víctimas, a sus familiares, usuarios y a los trabajadores ferroviarios.

Escribe: Carlos Rodríguez

El gobierno de Cristina dejó en manos del Grupo Roggio-Metrovías la operación de las líneas Mitre y San Martín, mientras que Emepa (Grupo Romero) se quedará con el manejo del Roca y el Belgrano Sur. Así, “disolvió” la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS) y la Unidad Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), en la que convivían los dos grupos empresarios. Son las mismas empresas que tuvieron que “huir”, en medio del escándalo, de la gestión conjunta del Sarmiento a fines de 2012, luego del segundo choque en Once (posterior a la masacre de febrero de 2012). El nuevo “contrato” que durará 24 meses, tiene una serie de premios y penalidades “para la tribuna”, pero un objetivo concreto: aumentar la “recaudación”. Acá está lo único “nuevo” del esquema: los planes y cronogramas (que ya existen y no son cumplidos por nadie) serán “auditados” igual que ahora por la Sofse (¡los mismos funcionarios que gestionan el Sarmiento!) y por la CNRT (que fue incapaz de investigar una sola de las miles de denuncias de irregularidades que preanunciaban la masacre de Once). ¡El centro de “la nueva administración” consistirá en cobrarles el boleto a los usuarios por el servicio paupérrimo que reciben! De hecho, el estado les pagará a las empresas un subsidio que tiene una “parte variable”, dependiendo de cuántos boletos vendan.

El gobierno kirchnerista nunca rompió con las privatizaciones menemistas en el ferrocarril. Cuando en 2004 el desastre del funcionamiento del San Martín obligó a sacarle la concesión a Taselli, le entregó la gestión al resto de los operadores que venían desde los 90 (Roggio, Romero y Cirigliano). Después de la masacre de Once de 2012, en medio del repudio popular, estaban dadas todas las condiciones para que el gobierno reestatizara el servicio. No lo hizo, se sacó de encima a Cirigliano-TBA (al que igual le siguió reconociendo negocios, como las “reparaciones” que factura desde Emfer), mientras armaba una gestión “conjunta” que incluía a Roggio y Romero. Pasaron dos años, segundo accidente de Once incluido, donde los servicios siguieron empeorando. ¡Si hasta realizaron el “milagro” de que incluso el único servicio que funcionaba más o menos aceptablemente (el ferrocarril Mitre) se transformara en un absoluto desastre!

Ahora el gobierno rifa una nueva oportunidad. El hecho es que se está entregando el servicio a los mismos que lo estaban operado (y desguazando) antes. Como bien planteó Edgardo Reynoso del cuerpo de delegados del Sarmiento: “en realidad, los privados nunca perdieron el control del servicio. Lo que se hace ahora es blanquear la situación”. Para Roggio y Romero, mientras tanto, todo seguirá siendo, en el nuevo esquema, “pura ganancia”: el estado continuará encargado de pagar los sueldos y “realizar las inversiones”.

A su vez, el Sarmiento seguirá “operando” bajo la desastroza gestión del ministro Randazzo, que encima tuvo el caradurismo de decir que “nuestro gran desafío es demostrar que el estado puede ser mejor que los privados”. Cabría preguntarle: ¿todavía no se dio cuenta?, ¿cuántas masacres más necesita? Este tipo de reestatizaciones como las de La Cámpora en Aerolíneas (ni que hablar si a los trenes se los dan para gestionarlos a la Verde de Pedraza) están condenadas al fracaso.

La salida no es “mayor control” ni “competir con los privados”. La única salida al colapso del sistema ferroviario pasa, como dicen los propios ferroviarios, por una verdadera reestatización de todas las líneas, incluyendo los trenes de carga (de los que nadie habla porque ahí está “la crema” del negocio, ya que son los que efectivamente dan ganancia) bajo gestión por parte de los que verdaderamente saben, sus propios trabajadores, junto a las organizaciones de usuarios. Los ferroviarios de la Bordó ofrecieron propuestas en este sentido. Son los trabajadores ferroviarios quienes verdaderamente pueden rescatarlo y administrarlo mil veces mejor que los funcionarios kirchneristas y ponerlo al servicio de las necesidades del pueblo trabajador. Pero el gobierno volvió a ratificar el modelo privatista de los 90, contra el cual hay que seguir luchando.

¿Quiénes son Roggio y Romero?

El Grupo Roggio (propiedad de Aldo Roggio) opera el ferrocarril Urquiza y el subte de la Ciudad de Buenos Aires a través de Metrovías (el mismo que está a punto de llevar el boleto a 4,50). El Grupo Roggio es un claro ejemplo de lo que se llamó “la patria contratista”. Se desarrolló como constructora de obra pública durante la dictadura militar, haciendo entre otras cosas el estadio mundialista de Córdoba y el edificio de ATC. Su segundo “salto” lo pegó en los 90, siendo privilegiado en las privatizaciones menemistas, ya que además de los ferrocarriles ingresó en el negocio de los peajes, además de continuar con la obra pública.

Gabriel Romero, dueño del Grupo Emepa, ya manejaba el Belgrano Norte a través de Ferrovías. Es además el concesionario de Hidrovía, la red fluvial más importante del país, ya que opera todo el Río Paraná. Romero era apenas un “chatarrero”, hasta que, gracias a sus vinculaciones con Alfonsín en los 80, se quedó con el taller de reparaciones ferroviarias de Chascomús. Ahí empezó su crecimiento en el sector, que se consolidó con las privatizaciones menemistas. Sus negocios no se limitan al ferrocarril: también hace buenas migas con Macri, administra aproximadamente el 30% del mobiliario urbano (la cartelería de publicidad) y es uno de los concesionarios del negocio de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.