Cuando Cristina Fernández de Kirchner lo presentó en sociedad, meses atrás, lo señaló como la medida más progresista de su gobierno. Teóricamente, se iban a unificar los Códigos Civil y Comercial para producir el texto más moderno y progresista del mundo. “Me siento Napoleón”, exageró la presidenta, comparándose con quien presentó el primer Código Civil moderno a principios del siglo XIX.

Pasaron unos meses y no quedó nada de esas veleidades “progres”. El texto que va quedando terminará siendo el más reaccionario de la historia, exclusivamente al servicio de servir de justificativo “legal” a cuanto negociado empresario y operación de corrupción exista.

¡Si hasta se tomaron el trabajo de sacar el “saludo a la bandera” de definir el rol “social” de la propiedad, por las dudas que a algún juez del futuro se le ocurriera con eso limitar aunque sea un centímetro la propiedad privada!

El nuevo Código busca claramente dejar más desprotegidos de lo que ya están a trabajadores y usuarios. Así afirma que “las disposiciones del Código no son aplicables a la responsabilidad del estado en forma directa ni subsidiaria”. Más aún, sostiene que la sanción pecuniaria disuasiva (como multas) es improcedente contra el estado, sus agentes y funcionarios”. De aprobarse este código, las víctimas de la masacre de Once, por ejemplo, no podrían demandar al estado ni a sus funcionarios. También señala que los fallos de la justicia se deben regir “por las normas del derecho administrativo”, impidiendo a los trabajadores hacer valer las decisiones de la propia justicia. Con este código, por ejemplo, el fallo a favor de Marcela Almeida que exige su reincorporación al Indec podría no ser cumplido por las autoridades del organismo. Las patronales también aplauden los “avances” que ellos logran en legalizar la tercerización laboral, ya que el nuevo Código elimina la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las deudas laborales de sus subsidiarias.

El gobierno se alineó con la Iglesia Católica al establecer una nueva barrera para impedir la legalización del aborto: por eso se encargó de que estuviera explícitamente la definición del derecho a la vida “a partir de la concepción”. Pero a la vez “excluye” del nuevo código a la fecundación asistida, el manejo de embriones o la fecundación post-mortem.

Nada quedó en el “nuevo código”. Ni siquiera el derecho al “agua”. En síntesis, un proyecto de “modernización” jurídica reaccionario, al servicio de las ganancias de los capitalistas y de los funcionarios corruptos.