El conflicto policial abrió paso a los saqueos y su triunfo provocó reclamos similares en todo el país. La patronal cordobesa entró en pánico y ya pide reglamentar las huelgas de los servicios “esenciales”. De la Sota quedó en crisis, echó al jefe de policía y cambió el gabinete. Los trabajadores estatales y docentes aprovecharon para reclamar el mismo aumento y sólo la traición de sus respectivas conducciones está evitando que lo logren.

Escribe: Joel Rojo

De la Sota regresó de emergencia desde Panamá y las cámaras empresarias se aterrorizaron por los saqueos. Sus comentarios eran: “Estos saqueos son distintos al 2001 y 2005, no roban por hambre (porque se llevaban bebidas o electrodomésticos) y son más violentos, saquean pequeños comercios y también casas de familia”.

Tenían y aún tienen motivos para asustarse. A los gobiernos se les cae el doble discurso de que está disminuyendo la pobreza. Se corrió el telón y apareció la realidad tal cual es, con millones de desocupados y marginados por sus políticas que desde hace décadas benefician a los ricos y grandes empresarios. No pueden entender que mucho de lo saqueado, vendido da para comer varios días o semanas. Como tampoco entienden que la violencia creciente es la respuesta de estos sectores a la violencia original de vivir hacinados, sin trabajo o con sueldos miserables durante generaciones, sin salud, sin educación, sin futuro. Para muchos de ellos la vida casi no tiene valor. Esta vez, estos fueron los sectores que encabezaron, y muchos de ellos no diferencian entre el monopolio comercial y el pequeño almacén o la casa del trabajador. Lamentablemente, esta situación también fue aprovechada por bandas de delincuentes.

Todos aprovecharon la huelga de la base policial, que reclamaba aumento salarial y reducir la gran cantidad de horas adicionales que debían realizar para redondear un salario promedio de 5200 pesos. Además, reclamaban la legalización de su sindicato. Así consiguieron 2000 pesos por mes en diciembre y enero, y un básico de 8000 pesos en febrero. Esto representará un gasto provincial extra de 1500 millones de pesos anuales no contemplado en el presupuesto. Además, fueron referencia para sus pares de todo el país, que hoy están logrando mejoras y poniendo en crisis a los gobiernos provinciales jaqueados por los saqueos.

El conflicto policial reavivó el reclamo de los estatales cordobeses. Hicieron punta los judiciales, tomando los tribunales, reclamando el enganche con los aumentos de los jueces. Y los docentes y estatales, cuyas burocracias sindicales venían pidiendo un “bono navideño” sin monto, cambiando este reclamo por el de “queremos lo mismo que la policía”. Los trabajadores de salud tomaron los hospitales y algunos sectores de la administración pública sus dependencias. Esto obligó al Sindicato de Empleados Públicos (SEP), dirigido por el delasotista José Pihen, lanzar un paro de 48 horas y continuarlo con otro de 72 en un desesperado intento de que la movilización no lo superara. En tanto el sindicato docente, dirigido por el kirchnerista Monserrat, condenaba la alteración de la paz social y llamaba a hacer asambleas de dos horas por turno para explicar la situación y esperar a febrero para volver a discutir aumento de salarios. Esto causó tanta indignación que muchos colegios salieron a cortar calles y otros se sumaron este miércoles a la masiva movilización de los trabajadores de la salud a la casa de gobierno. Tan grande es el temor del gobierno que, además de cambiar casi todo el gabinete y echar a la cúpula policial, adelantó en una semana la finalización de las clases y a partir del lunes 16 de este mes le da asueto hasta el primero de febrero a todos los estatales. Estas medidas y la traición de las direcciones sindicales, probablemente logren evitar por ahora, un aumento como el de la policía, pero esta pelea continuará a principios del año venidero con más fuerza y odio contra el gobierno y la burocracia sindical. Para encararla es necesaria la coordinación de toda la oposición antiburocrática, exigiendo un plan de lucha conjunto de estatales y docentes.