Escribe: Atilio Salusso

El país vivió una oleada de “huelgas” policiales y algunos autoacuartelamientos. El gobierno kirchnerista catalogó a estos hechos de un supuesto “complot” antidemocrático para intentar encubrir que los reclamos policiales son parte de la crisis social del país.

Los policías reclaman aumento de salario. En algunos casos han logrado subas muy significativas, duplicando o triplicando sus básicos de pobreza. Personal de bajo rango que ganaba 5000 pesos de bolsillo, pasará a cobrar 8.000 de básico. De esa manera se abrió para todos los trabajadores estatales y provinciales la misma necesidad: que haya un inmediato aumento de salario “como le dieron a la policía”.

A su vez, se está dando una polémica sobre si los policías tienen derecho a sindicalizarse. Tanto De la Sota de Córdoba, como el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se han negado.

Viendo que el personal policial es parte de una institución represiva, que las cúpulas están siendo investigadas como socias del narcotráfico o los casos de gatillo fácil, muchos trabajadores y jóvenes se preguntan si es legítimo y correcto apoyar el derecho a que la base policial y sus cuadros medios reclamen salarios contra el gobierno patronal de turno o puedan sindicalizarse. Izquierda Socialista contesta afirmativamente a ambos interrogantes. Partiendo, en primer lugar, que hay que pasar a retiro de sus filas a todo personal que participó en la dictadura, represión a las luchas populares, gatillo fácil, torturas y el delito organizado.

Bajo ningún punto de vista consideramos que apoyar esos derechos para la policía signifique reivindicar a esa institución represora patronal, ni tiene nada que ver con fortalecer al aparato represivo. Si no todo lo contrario. Es decir, profundizar -con políticas correctas- las divisiones entre su base y su jerarquía- como cuando se produce una huelga policial por salario, rompiéndose de hecho “la cadena de mandos” y la “verticalidad” que tanto preocupan al gobierno y a los jefes policiales. Lo cual, objetivamente, va contra las normas burguesas básicas (de no reclamar, acatar los mandos, no usar los métodos del movimiento obrero, etcétera).

Tener una política para dividir a las fuerzas represivas y para que un sector se rebele y no reprima las luchas populares es muy importante y, en momentos de crisis aguda, decisivo.

Que haya huelgas policiales y puedan surgir sindicatos propios no hace cambiar el carácter de las fuerzas represivas, ni impide que esos mismos policías sean repudiados y enfrentados cuando reprimen a los trabajadores y a la juventud. Pero estar en contra de ello es ponerse del lado de los gobiernos de turno que lo cuestionan.

Apoyamos el derecho a que se puedan organizar en un sindicato para que impulsen sus reclamos. Y a su vez, llamamos a su base y a los cuadros medios a resistir las órdenes superiores cuando manden reprimir a los que luchan. Los trabajadores, la juventud y la izquierda deben reclamar una ley que prohíba a la policía reprimir las luchas obreras y populares.