Esto dijo una de las abogadas defensoras. El gobierno, las patronales petroleras y la justicia se unieron para condenar, en un juicio aberrante, a trabajadores que protagonizaron una gran lucha en 2006 contra el impuesto al salario y la tercerización laboral en la que murió el policía Sayago tras una pueblada. Unifiquémonos para repudiar esta sentencia en el camino de lograr su absolución.

Escribe: Pablo Montenegro • Delegado ferroviario del Sarmiento desde Caleta Olivia

De 11 acusados le dieron cadena perpetua a cuatro: Rosales, González, Padilla y Cortez. Cinco años de prisión a Pablo y Omar Mansilla; Daniel y Enrique Aguilar; Catrihuala y Bacharusen. Y uno fue absuelto.

Las irregularidades e ilegalidades en el juicio fueron innumerables. Se dieron cuatro cadenas perpetuas y el policía Sayago, quien falleció, se probó que no murió por un balazo. ¿4 gatillos entonces tenía el arma que disparó? Un absurdo.

Lo único que se pudo demostrar en el juicio fue que los imputados fueron torturados. Así lo reconoció el propio fiscal, para quien las torturas “no fueron importantes”. Y hubo condenas por el delito de “coacción agravada” para 6 acusados (delito no excarcelable), cuando en el juicio hasta ahora habían sido imputados por delitos menores.

Hace tiempo que se viene diciendo, con razón, que estas condenas eran un objetivo de las petroleras como Repsol, Chevron y tantas otras. Porque precisamente los trabajadores acusados y ahora condenados eran tercerizados, es decir, hacían tareas para las petroleras pero no remunerados por el convenio petrolero, sino como obreros de la construcción, cobrando mucho menos. Petroleras que cuentan, desde ya, con el apoyo del gobierno de Santa Cruz, del gobierno nacional y, como lo demuestra esta sentencia, de la justicia patronal. Todos se unieron para imponer una sentencia que sea “ejemplificadora”. Para los trabajadores de Santa Cruz y la Patagonia, y especialmente para el conjunto del movimiento obrero. Esto demuestra, también, la política del gobierno nacional de criminalizar la protesta social y judicializar los reclamos laborales. Prueba de ello es el Proyecto X y la Ley Antiterrorista. Las defensas apelarán el fallo en marzo. Hasta entonces los compañeros seguirán en libertad.

Más de 300 personas acompañamos el juicio reclamando la absolución, destacándose, entre ellas, Elia Espen, Madre Línea Fundadora. Además estuvieron presentes compañeras y compañeros docentes. Adriana Astolfo, secretaria general de Adosac Pico Truncado y de Izquierda Socialista; Adosac Caleta Olivia y ATE Las Heras. Desde Buenos Aires viajamos alrededor de 100 compañeros en dos micros, con delegaciones del Garrahan, docentes, ferroviarios (entre ellos quien escribe, delegado del ferrocarril Sarmiento y de Izquierda Socialista), la interna de Patty, Inti, línea 60, entre otros. Desde Izquierda Socialista viajó Olga Ortigoza (directiva Suteba La Matanza), Isabel Guzmán (Congresal Suteba), Nahuel Fernández, presidente del centro de ciencias sociales de la UBA. Y los diputados electos del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola (PO), Nicolás del Caño (PTS) y Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista), también delegada del Sarmiento.

Hicimos varios actos de repudio y asumimos el compromiso de extender la unidad y coordinación en todo el país para difundir este hecho aberrante y luchar para revertirlo mediante una campaña nacional. Es necesario redoblar la solidaridad y unidad para hacer retroceder este fallo.