Por Rubén Maidana

A fines de diciembre pasado, Marcelo Ramal, legislador de la Ciudad en ejercicio de la banca rotatoria del Frente de Izquierda, exigió que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya en receso, se reuniera para tratar un proyecto de emergencia eléctrica ante la crisis. Esto confluyó con planteos similares de otros legisladores y dio lugar a una convocatoria en el Obelisco, que se convirtió en la única movilización política exigiendo una salida ante la situación reinante.

En el marco de lo correcto de tener una iniciativa al respecto, queremos hacer una serie de señalamientos críticos al proyecto del Partido Obrero, los cuales enviamos inmediatamente por nota el pasado 26 de diciembre en nombre del comité ejecutivo de Izquierda Socialista a PO y PTS. Algunos de ellos se tratan de omisiones que hubieran sido fácilmente subsanables de haberse consultado previamente el proyecto entre todos los partidos del FIT, cosa que no ocurrió. Por lo tanto, el primer error es, sin duda, la presentación del proyecto en forma unilateral por el equipo legislativo del Partido Obrero. De haberse consultado, todos hubiéramos aportado para mejorar y corregirlo, y seguramente hubiéramos acordado no sólo en reclamar la colocación de generadores, sino también la reparación inmediata de todos los daños ocasionados a los vecinos. O que, para financiar todo esto, hay que imponer un impuesto al conjunto de las grandes empresas, bancos y multinacionales de la Ciudad, y no exclusivamente un 3% al Casino y tragamonedas como dice el proyecto.

Pero la primer diferencia está en el planteo que hace el proyecto de PO de la composición de un "Comité de Emergencia" para llevar a cabo el programa de emergencia el cual estaría integrado, en primer lugar, por "un representante de cada bloque de la legislatura". Además de representantes de las comunas, académicos y de trabajadores y técnicos. Desde Izquierda Socialista estamos rotundamente en contra que miembros de los partidos patronales responsables de esta crisis (esencialmente el PRO y FpV-kirchnerismo en la Ciudad), cómplices y salvadores de las privatizadas y quienes están promoviendo como salida "el reajuste tarifario", integren ese comité. Sólo tenemos confianza en los trabajadores, acompañados de los usuarios.
En la carta crítica que enviamos señalamos: "Lo que corresponde (en este caso y siempre) es la denuncia de esos políticos patronales, que no deberían estar en ningún comité. Siempre insistiendo que la solución viene de la mano de los trabajadores, de clase, y no de los gobiernos patronales. A su vez, el inciso c) habla de los representantes electos entre los trabajadores y técnicos de las distribuidores de energía, pero no dice que este sector debe ser la gran mayoría de dicho "comité", no uno más".

Por último y lo más importante, es que el proyecto no menciona la propuesta de fondo sobre la necesidad de reestatizar Edenor y Edesur -como lo dice el programa de 27 puntos del FIT para las privatizadas-, bajo control y gestión de trabajadores y usuarios. Si bien es un proyecto de alcance local (Ciudad de Buenos Aires), la reestatización tendría que haber estado planteada como mínimo en los fundamentos. Atento a ello se abre la necesidad de que los diputados del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional presenten un proyecto de ley exigiendo la inmediata reestatización de estas empresas.